El empresario Lázaro Báez también apeló ante la Cámara Federal de Casación la condena a 6 años de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal N°2 en el juicio por la Obra Pública conocido como Causa Vialidad. Su defensa pidió la absolución con un duro escrito con cuestionamientos a la pena, a la valoración de pruebas y al accionar de los jueces a cargo del juicio.
Al igual que como lo hicieron el fiscal Diego Luciani y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el recurso de Casación de la defensa de Báez fue ingresado este lunes 24 de abril en la Justicia.
El abogado Juan Villanueva redactó un escrito de 213 páginas en el cual afirmó que "la única sentencia fundada en derecho y en un análisis razonado de las constancias del expediente, es la absolución de Lázaro A. Báez en orden a las imputaciones formuladas por administración fraudulenta en razón de la realización de obra pública en la Provincia de Santa Cruz".
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Así, el letrado pidió la absolución de su defendido, que en diciembre pasado fue condenado a seis años de prisión, considerado como partícipe necesario del delito de defraudación a la Administración Pública.
Entre sus argumentos, insistió con que su defendido fue afectado por un doble juzgamiento, ya que en Santa Cruz fue sobreseído con sentencia firme.
En el escrito le manifestó a los camaristas que la sentencia cuestionada no puede ser ratificada y sostuvo que "los puntos condenatorios de la sentencia tendrán que ser anulados parcialmente en lo relativo a los montos de pena establecidos y el proceso remitido a la fase anterior para la fijación de la pena". Lo que pretende la defensa es que Casación ordene que un tribunal de juicio, con integración diferente, redetermine la pena.
Los cuestionamientos al Tribunal
En su escrito, Villanueva apuntó que la realización del juicio a través de la plataforma Zoom afectó el derecho a la defensa, ya que "fueron innumerables las oposiciones que las defensas no pudimos realizar por las deficiencias de este sistema que se impuso sin siquiera estar ello regulado".
También cuestionó al tribunal a raíz de un punto de la sentencia en la que los jueces señalaron que "la comisión de delitos en ámbitos organizados realmente dificulta la obtención de prueba directa en torno al hecho criminal".
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Para Villanueva, eso "hace a la lesión de garantías de raigambre constitucional y a una errónea interpretación de las normas en juego en perjuicio de nuestro defendido".
Asimismo, acusó al Tribunal de haber ejercido una errónea valoración de la prueba. "Ante la duda y sin elementos de prueba, con inferencias, el Tribunal siempre decidió adoptar premisas contrarias a nuestro defendido", dice el escrito al que accedió PERFIL.
En ese punto, el documento sostiene que "los errores y tergiversaciones en los que incurre tanto la acusación cuanto el Tribunal obedecen, en primer lugar, a una sensible falta de análisis de la prueba incorporada y de la producida durante el debate oral y público".
Define Casación
El plazo para presentar los recursos ante la Cámara de Casación ya venció y ahora el TOF 2 debe dictaminar si concede los planteos de Casación. Cuando eso ocurra, la Sala IV con los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo estarán en condiciones de resolver. Se da por descontado que los camaristas serán recusados por las defensas.
Ayer ya se habían presentado las apelaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con críticas a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOC) N°2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que consideraron en condenar a la expresidenta y al resto de exfuncionarios por administración fraudulenta y no por asociación ilícita.
"¿Qué más necesitaban los jueces de la mayoría para subsumir esta conducta en el tipo penal correcto? La respuesta es sencilla: absolutamente nada; tan solo aplicar la ley", apuntó el fiscal en un escrito de 528 fojas.
Por su lado, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, también presentó su escrito, de 528 páginas. “La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, sostuvo la defensa de quien ocupó la jefatura de Estado entre 2007 y 2015, en un escrito de 395 páginas.
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