Mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner apeló ante la Justicia por el fallo que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en el marco de la Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani también solicitó la revisión, pero para pedir que aumenten la pena acusándola de "asociación ilícita", por lo que originalmente había pedido 12 años de prisión.
En un escrito de 528 hojas al que accedió PERFIL, los fiscales Luciani y Sergio Mola también apelaron la absolución de algunos funcionarios del kirchnerismo como Julio De Vido en esta causa que investiga la obra pública de Santa Cruz direccionada al empresario cercano a Néstor Kirchner, Lázaro Báez.
Causa Vialidad: Cristina Kirchner apeló al fallo y la Fiscalía pidió que se le sume otro delito
"Las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita", dice el documento. En ese sentido, aseguró que los condenados muestran su “cinismo al intentar colocarse como víctimas de una imaginaria persecución judicial, lawfare o un fantasioso plan de proscripción".
En ese sentido, Luciani criticó a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOC) N°2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que consideraron en condenar a la ex presidenta y al resto de ex funcionarios por administración fraudulenta y no por asociación ilícita.
“¿Qué más necesitaban los jueces de la mayoría para subsumir esta conducta en el tipo penal correcto? La respuesta es sencilla: absolutamente nada; tan solo aplicar la ley”, apuntó el fiscal.
Los argumentos presentados por Luciani y Mola
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que la decisión del tribunal “reposa tanto en una errónea interpretación de los requisitos típicos correspondientes, como en una incorrecta y sesgada ponderación de los elementos probatorios colectados”. Según su visión, todos los acusados “formaron e integraron una organización criminal destinada a la comisión de delitos”.
“Sus conductas son, respectivamente, constitutivas del delito de asociación ilícita. Para ello, debemos consignar –tal como ha quedado harto acreditado luego del exhaustivo análisis que hemos desarrollado respecto a cada una de las licitaciones objeto de este proceso– que en las presentes actuaciones no se trata de que se hubieren efectuado una o dos licitaciones irregulares”, puntualizaron.
“Los elementos de prueba que han sido colectados en el juicio indican que la asociación delictiva (que, incluso, consumó sus planes delictivos), funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ella (a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados), y su duración se extendió” en el tiempo, expresa el documento.
Críticas a Alberto Fernández
En otro tramo del escrito, los fiscales aseguraron que "es alarmante que en un Estado de Derecho se realicen acciones públicas directas tendientes a influir en las decisiones de la Justicia, a sabiendas de que eso está vedado expresamente por la Constitución Nacional y por los pactos internacionales incorporados a ella".
Por ese motivo, recordaron que hubo "ministros y funcionarios del gobierno actual que realizaron inútiles esfuerzos por descalificar la sentencia", e hicieron hincapié en las declaraciones de Alberto Fernández. "Debemos señalar algunas situaciones impensadas en democracia, como las expresiones agraviantes que viene dirigiendo repetidamente el mismísimo presidente de la nación a los magistrados y funcionarios que han intervenido en esta causa", dijeron.
"Causa verdadero estupor que en el discurso de apertura de las sesiones legislativas de 2023 el presidente haya aprovechado la ocasión para criticar airadamente este juicio y que se haya animado, de manera irreflexiva, a acusar a la Justicia de ser parte de una organización que busca la inhabilitación de la vicepresidente", añadieron.
Revisión de la sentencia
En lo presentado, Luciani y Mola agregaron que "quedó demostrado de forma indubitable" que según los mensajes de textos extraídos del celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, "los integrantes de la asociación ilícita planearon el abandono de las rutas, lo que implicó, no sólo la disolución de la asociación ilícita, sino también –y a consecuencia de ello– el cese de la comisión de los delitos".
Los fiscales también informaron que apelaron “el monto del decomiso ordenado y el sobreseimiento - por extinción de la acción penal por prescripción- respecto del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, por incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Ahora, será turno de que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo del TOC N°2, con apelaciones de ambos lados, ya que la vice también presentó en la Justicia una apelación para insistir con su inocencia.
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