La delegación argentina del W20, el grupo de afinidad de mujeres del G20, expresó su "profundo disenso" con la decisión del Gobierno nacional de bloquear un documento clave sobre políticas de género y cuidado. La postura de los representantes del Ejecutivo impidió que se alcanzara el consenso necesario para elevar una declaración conjunta a los líderes mundiales que se reunirán en la cumbre de presidentes.
El conflicto se desató en el marco del Grupo de Trabajo Gubernamental sobre el Empoderamiento de las Mujeres (EWWG). Según denunciaron las organizaciones firmantes, la objeción que motivó el quiebre por parte de la Casa Rosada se funda en la "negación del concepto de género", un término que, recuerdan, es reconocido a nivel mundial y regional, y que el país había respaldado durante décadas.
El rechazo oficial también apuntó a las políticas de cuidado. Desde la delegación del W20 explicaron que el Gobierno parte de una "interpretación errónea", asumiendo que estas iniciativas buscan eliminar el rol de padres y madres. Por el contrario, las organizaciones aclararon que el objetivo es "reconocer, redistribuir y valorar el trabajo de cuidado", tanto en el ámbito familiar como en el social.
"Este retroceso no solo aísla a nuestro país del consenso global, sino que pone en riesgo políticas esenciales", advirtieron en un duro comunicado. Entre los peligros que señalan, destacan el impacto negativo en la erradicación de la violencia, la garantía de autonomía económica y el fortalecimiento de la economía del cuidado como motor de desarrollo.
Para la delegación, compuesta por diversas ONGs, esta postura oficial evidencia una falta de reconocimiento sobre la evolución del papel de la mujer en la sociedad y desconoce los avances en derechos adquiridos. A pesar de haber mantenido una postura "abierta al diálogo y a la cooperación", las integrantes del W20 lamentaron que no fue posible "superar estas diferencias" con los funcionarios gubernamentales.
El documento lleva la firma de referentes como Mabel Bianco (Jefa de la Delegación), Gala Díaz Langou (CIPPEC) y Andrea Grobocopatel (Fundación Flor), entre otras. Además, cuenta con la adhesión de un extenso listado de organizaciones y personalidades, que incluye a la Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales, Católicas por el Derecho a Decidir y figuras como Diana Maffía y María José Lubertino.
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Lo que le da peso político al reclamo es la diversidad de voces que lograron un consenso interno, contrastando con la postura inflexible del Gobierno. La delegación está encabezada por figuras históricas como Mabel Bianco y referentes de instituciones de peso como Gala Díaz Langou (CIPPEC) y Natalia Gherardi (ELA), pero también incluye a sectores productivos y religiosos que suelen tener miradas distintas, como la Fundación Flor, liderada por Andrea Grobocopatel, y el grupo "Pastoras del Norte".
El documento destaca que esta alianza de la sociedad civil sí logró "contribuir activamente al consenso", defendiendo incluso la necesidad de valorar "el aporte que los hombres hacen a los cuidados de sus familias". Este punto, que buscaba integrar a los varones en la ecuación de los cuidados, fue paradójicamente parte del paquete rechazado por los representantes libertarios bajo el argumento de la "ideología de género".
La firma del comunicado expone una red federal y regional que va más allá del AMBA. Entre las adherentes figuran Francisca Aparicio, de la Cooperativa Mujeres Artesanas del Gran Chaco (COMAR), y Fabiana Menna de la Fundación Gran Chaco. También se sumaron voces internacionales como Tarcila Rivera, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Perú), y Marcela Ballara desde Chile, lo que magnifica el aislamiento de la postura argentina en la región.
TC
