La empresa Correo Argentino SA no sólo obtuvo un acuerdo de quita de deuda calificado por la fiscal general Gabriela Boquin como “abusivo”. La empresa de la familia Macri quería todavía más y usó ese acuerdo para demandar al Estado en más de $ 2.370 millones. Así consta en un expediente judicial iniciado por la empresa el 13 de junio pasado, al que accedió PERFIL.
Mientras negociaba su deuda con el Estado por cánones impagos, calculada en casi $ 300 millones más intereses, Correo presentó una demanda paralela para reclamar sumas millonarias al Estado. Por ese hecho, la fiscal Boquin acusó a los Macri de “mala fe procesal”, ya que la empresa no notificó que estaba demandando al Estado y que reclamaba intereses más altos de los que acordó pagar en su caso. Hasta allí llegó el escándalo del correo. Pero sucedieron más hechos llamativos que este medio revela hoy.
Después de haber acordado el 28 de junio pasado con el Gobierno la quita de su deuda, que según la pericia oficial le ahorraría hasta $ 70.000 millones a los Macri, Correo Argentino volvió a presentarse ante la Justicia y amplió su demanda contra el Estado. Según el escrito, la empresa pretendía que una vez homologado el acuerdo con el Gobierno -que ahora el Presidente ordenó que vuelva a “foja cero”-, el Estado le devolviera $ 2.370 millones más intereses.
Los $ 2.370 millones corresponde a dos items: Correo Argentino reclama $ 1.794.929.993 por las inversiones que había realizado en las instalaciones de la empresa y que luego de 2003 quedaron en manos del Estado. Pero también exige otros $ 570 millones por “daños contractuales” por “canon pagado en exceso”, “mejores en las instalaciones del correo”, “bienes no inventariados”, y “servicios impagos”, entre otros. A ambas cifras, además, pide sumarle intereses millonarios.
Según la empresa “el Estado experimentó un enriquecimiento de su patrimonio” al expropiar el correo y quedarse con sus bienes materiales e inversiones. Eso provocó, sostiene, “el empobrecimiento” de Correo Argentino SA.
El presidente Mauricio Macri ordenó el jueves anular el acuerdo entre la empresa de su familia y el Ejecutivo y volver a iniciar la negociación. La demanda paralela de Correo Argentino al Estado adelanta lo que ahora entra en juego. La empresa fijó en su demanda el número que pretende cobrar y la cifra que está dispuesta a pagar.
Detalles. El primer escrito de la demanda fue presentado antes de sentarse a negociar su acuerdo con el Ejecutivo. En el texto, la empresa de la familia presidencial hace tres cálculos posibles de su reclamo. Cada cálculo corresponde a tres posibles escenarios, dependiendo de lo que acordara con el Gobierno.
Lo mínimo que reclama es casi $ 1.300 millones ($ 1.279.663.892), más intereses del 11 % anual (desde 2009 hasta la fecha de pago). Eso significa que a julio de 2017, si llegaran a acordar en estos términos, la empresa cobraría otros 1.287 millones sólo en intereses.
En un segundo escenario, Correo reclama casi $ 1.500 millones ($ 1.498.724.617, para ser más preciso), más intereses. La cifra aumenta porque en este escenario, Correo calcula que el Estado le estaría reconociendo que no le debe tanto como le reclama. Entonces la empresa se queda con más dinero a su favor.
El tercer escenario, sería mucho más perjudicial para el Estado. En caso de que la Justicia o el Poder Ejecutivo reconocieran que es nula la deuda que el Estado le reclama a Correo por la falta de pago de los cánones, entonces la empresa de los Macri reclamaría más de $ 4.000 millones más intereses. Así lo planteó en su escrito ante el juez Pablo Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo.
En 2010, estas mismas propuestas habían sido presentadas por Correo Argentino SA ante el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero la negociación nunca avanzó. El reclamo de intereses siguió creciendo. Recién en 2016, con Mauricio Macri en el Gobierno, la compañía de su familia decidió apostar a cobrar su reclamo multimillonario.
Dos semanas después de este planteo ante el juez Cayssials, el propio Gobierno citó a Correo a la audiencia para negociar la deuda que el Estado le reclama a la empresa por $ 300 millones. Así comenzaron a sucederse las irregularidades. Primero, es un hecho extraordinario que sea el Estado el que pida la audiencia para negociar una deuda ajena, confirmaron fuentes judiciales y oficiales. Además, la Justicia no notificó a la fiscal Boquin de la audiencia de negociación. Tercero, la empresa no cumplió con la regla de notificar a la Procuración General del Tesoro, los abogados encargados de velar por los intereses del Estado, como reveló ayer PERFIL.
La audiencia y la negociación quedaron entre la empresa y los funcionarios del ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad. El 28 de junio llegaron a un acuerdo. Cuando la fiscal Boquin se enteró en octubre pasado comenzó a trabajar en su primer dictamen. Calificó ese acuerdo como “abusivo”, en detrimento del Estado y a favor de la empresa de la familia presidencial.
