Ayer, PERFIL fue testigo del encuentro que mantienen todos los sábados el contador del matrimonio presidencial, Víctor Alejandro Manzanares y el juez, Santiago Lozada, encargado de llevar adelante todas las causas contra Néstor Kirchner en su época de gobernador de Santa Cruz y de cerrar la investigación por la presunta malversación de los fondos de Santa Cruz en el exterior. La reunión se llevó a cabo en el Café Central de Río Gallegos, en pleno centro de la ciudad.
Lozada siempre fue vinculado a la familia presidencial y hasta se lo ligó sentimentalmente con Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que además es vicepresidenta de Hotesur, una de las compañías hoteleras del matrimonio presidencial. También intercedió en la causa por agresiones contra la ministra.
La denuncia sobre los fondos en el exterior fue radicada en mayo de 2004, a cargo del Juzgado Federal Nº 7 de Capital Federal, desde donde fue remitida al Juzgado Nº 1 en Santa Cruz, a cargo de Lozada. En dicha presentación se imputaba a Kirchner por “apología del crimen, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. En marzo de 2008, los diputados provinciales de la oposición enviaron un petitorio al juez para que remitiera una copia de los fundamentos empleados para archivar la causa, ya que el magistrado nunca dio a conocer el dictamen. Todavía ese pedido no fue respondido.
El otro protagonista del particular encuentro, Manzanares, es el contador del matrimonio presidencial; además realizó la polémica declaración jurada K, y podría ser citado por el juez Norberto Oyarbide, que investiga a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. Esta no es la primera vez que Manzanares se presentaría ante la Justicia. En 2008, presentó un escrito explicando las “variaciones patrimoniales del año 2005 al 2007”. En aquel momento, para el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, era necesario “investigar más”, porque el documento presentado por Manzanares no contaba con “la documentación respaldatoria”.
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