Luego de las denuncias por supuesta malversación de fondos por parte de la actual conducción, la Inspección General de Justicia (IGJ) designó inspectores en la entidad y suspendió una reunión de directorio.
Las cosas no marchan bien en la principal entidad PyME de la Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más conocida como CAME. La entidad gremial empresaria que fue creada en 1956 vive horas tensas por cuestionamientos que surgen desde adentro de la Confederación.
Según varias fuentes consultadas, nunca había sucedido algo semejante. En las últimas semanas dos miembros de la entidad denunciaron situaciones anómalas.
El conflicto comenzó a principios de agosto, cuando un integrante de la CAME, Pedro Salas, pidió a la IGJ que intervenga ante una supuesta millonaria malversación de fondos. Salas, que preside la Sociedad Rural cordobesa, reclamó investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos. El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 –y a través de CAME– capacitación a trabajadores y empleadores.
Además, Salas alegó que por la situación sanitaria CAME aprovechó para no celebrar su Asamblea General ordinaria, prevista para abril, y siguió funcionando con un Consejo Directivo irregular.
Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto. Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Los designados fueron Martín Blanco y Ana Castagnino.
Otra imputación. Luego surgió una segunda denuncia. En este caso presentada por el vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información. Fue entonces que el Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, decidió suspender una reunión del Consejo Directivo de CAME del 27 de agosto, por negarle documentos pedidos por Navarro en mayo pasado. Entre esos requerimientos figuran el presupuesto 2020, los balances de 2017 a 2019 y el detalle de inversiones que hizo la entidad en 2019.
CAME está formada por casi 1.500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas. Desde 2018 está presidida por Gerardo Díaz Beltrán, un productor ganadero de Misiones, con una gestión muy cuestionada por distintos miembros de la entidad, que le endilgan manejos autocráticos.
R.P.
