La Justicia Federal confirmó este lunes el sobreseimiento definitivo del ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa que llevaba casi nueve años y que investigaba presuntas irregularidades vinculadas con sus declaraciones juradas, sociedades radicadas en el exterior y la emisión de deuda soberana durante su paso por la función pública.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que rechazó el recurso presentado por el fiscal Carlos Rívolo y confirmó de manera íntegra el sobreseimiento que había sido dictado previamente. De esta manera, el expediente quedó definitivamente cerrado.
El tribunal concluyó que en los hechos investigados “no se observa un actuar delictual doloso” y consideró que no existían medidas de prueba pendientes que justificaran prolongar la investigación. El expediente había comenzado en 2017 a partir de una denuncia presentada por un grupo de legisladores de la entonces oposición.
Entre los denunciantes se encontraban Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Kunkel. La presentación apuntaba a determinar si Caputo había omitido información patrimonial en sus declaraciones juradas y si había existido algún tipo de incompatibilidad entre sus funciones públicas y sus actividades privadas.
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Qué investigaba la causa contra Luis Caputo
Uno de los principales puntos bajo análisis estaba relacionado con la participación de Caputo en LC Advisors y con su presunto vínculo con sociedades constituidas en el exterior. La Justicia debía determinar si el funcionario había ocultado deliberadamente información sobre su patrimonio al momento de asumir cargos públicos.
También se investigó la relación con Princess International Group Ltd., una sociedad vinculada a un entramado empresario conocido como Noctua, y si Caputo podía haber tenido algún interés económico en operaciones de deuda realizadas por el Estado.
La acusación incluía, entre otros puntos, presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
La investigación también puso el foco en la emisión de bonos de deuda soberana realizada durante 2016, cuando Caputo se desempeñaba como secretario de Finanzas. El planteo buscaba establecer si existió algún beneficio particular para sociedades con las que el funcionario hubiera tenido vínculos.
Los argumentos de la Justicia para sobreseer a Caputo
La Cámara Federal consideró que no estaba acreditada una intención deliberada de ocultar información en las declaraciones juradas. En particular, señaló que Caputo había informado su participación en LC Advisors ante la AFIP y en otras presentaciones oficiales.
Para los jueces, ese antecedente resultaba relevante para descartar la existencia de la “malicia” necesaria para configurar el delito de omisión maliciosa de bienes o actividades.
Respecto de Princess International Group Ltd., la resolución tuvo en cuenta documentación aportada por la defensa y concluyó que el beneficiario final de la sociedad era el hermano de Caputo, mientras que el actual ministro ya no mantenía vínculo con esa estructura al momento en que se concretó la operación de bonos investigada.
Otro de los elementos considerados por los magistrados fue que la compra de los bonos se realizó mediante una oferta pública y bajo las mismas condiciones para los inversores. En ese sentido, la Cámara tomó en cuenta el testimonio de Russell Ashcraft, de HSBC Securities Inc., quien sostuvo que no existieron beneficios ni precios diferenciales para determinados compradores.
La Justicia también subrayó que la emisión de deuda respondía a una política económica del Estado y que la fiscalía no logró identificar una maniobra concreta mediante la cual Caputo hubiera utilizado su posición para favorecer a un privado.
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La defensa de Luis Caputo
La defensa del ministro estuvo encabezada desde el comienzo de la investigación por el abogado Matías Cúneo Libarona, quien presentó ante la Cámara un memorial en respuesta a la apelación del fiscal Rívolo.
El planteo sostuvo que las omisiones detectadas en las declaraciones juradas no habían tenido como objetivo ocultar patrimonio ni eludir los controles correspondientes a la función pública. Esos argumentos fueron considerados por los magistrados al momento de confirmar el cierre de la causa.
Con la decisión de la Sala I, la investigación iniciada en 2017 quedó cerrada luego de casi nueve años de trámite judicial. El fallo representa, además, el cierre de uno de los expedientes que analizaban la actuación de Caputo durante su primera etapa como funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
CS/AF
