La Justicia de Uruguay rechazó este sábado 22 de mayo el recurso de habeas corpus que había presentado el dirigente del PRO, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, para intentar bloquear la orden de captura librada por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría en el marco de la causa en que se lo investigan por presunta asociación ilícita y extorsión.
El magistrado oriental Marcelo Malvar desestimó el habeas corpus preventivo solicitado por el operador judicial del ex presidente Mauricio Macri ante el Tribunal de Montevideo. Rodríguez Simón habló con Jorge Fontevecchia en Periodismo Puro y en RePerfilAr en una entrevista que saldrá en la edición de domingo del Diario Perfil y se televisará en Net TV.
El juez argumentó cuestiones formales, ya que Interpol Uruguay no recibió hasta el momento ningún pedido de detención contra Rodríguez Simón: la orden de captura fue librada por Servini, pero aún no se efectivizó su llegada a la otra orilla del Río de la Plata.
Malvar avaló así la postura del fiscal Pablo Rivas, quien había manifestado que el pedido de "Pepín", actual diputado del Parlasur, no tenía razón de ser porque la orden de detención no había llegado aún a Uruguay.
La figura del habeas corpus solicitada por Rodríguez Simón está contemplada en el Código de procedimiento penal uruguayo para los casos en los cuales las autoridades incurren en "una acción ilegal que genera, a su vez, una detención ilícita", explicaron especialistas al diario oriental El País.
La causa por la Mesa Judicial durante le gobierno de Cambiemos en la que está acusado Rodríguez Simón
El dirigente del PRO, integrante de la denominada Mesa Judicial del Gobierno de Cambiemos, había pedido asilo político en el vecino país por considerarse "perseguido" en la Argentina: ese planteo ante las autoridades de Uruguay fue duramente cuestionado por los dirigentes del Gobierno y el Frente de Todos.
La acusación a Rodríguez Simón es por presuntos vínculos con una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Además, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país.
"Hay una organización supraestatal, la mafia del juego está pidiendo que vuelva para encarcelarme”, denunció Rodríguez Simón en Periodismo Puro. Y apuntó que “Cristóbal López y sus socios tienen a Alberto Fernández abajo”.
Rodríguez Simón "se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente", explicó la jueza al emitir la orden de captura.
Pepín Rodríguez Simón: "Cristóbal López y sus socios tienen a Alberto Fernández abajo"
Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que "de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país". La jueza descartó que existan razones para que "Pepín" se considere un perseguido por cuestiones políticas.
El ex asesor de Macri está acusado de una maniobra de "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo" que "habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional".
Según el expediente, esa presunta maniobra tuvo "el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al Gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)".
"Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos", añade la descripción de la jueza.
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