La Justicia federal empieza a perderle vértigo a los fallos contra el Gobierno. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico emitió ayer dos fallos en los que ratificó la suspensión de las elecciones de consejeros de la Magistratura. Además, declaró la inconstitucionalidad parcial de la norma que limita las cautelares contra el Estado.
En el fuero penal, se sumará también el fallo de la jueza federal María Servini de Cubría, la única mujer de los tribunales donde se decide el destino de las causas de corrupción contra el Gobierno.
La magistrada, al tener competencia electoral, tiene la llave para evitar que se materialice el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que elige y controla a los jueces. Servini cree que el Gobierno impulsa una reforma “inconstitucional”, que encarna una “clara intromisión” del Ejecutivo en el Judicial, contaron muy cerca de ella a PERFIL.
La mayoría de los jueces y fiscales de Comodoro Py, sede de los tribunales donde se investigan los casos de corrupción, está en contra de la reforma judicial. Creen que tiene como objetivo final el “disciplinamiento” de los funcionarios judiciales y la posibilidad de removerlos con mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura –en el caso de los jueces- o a través de un código de ética del Ministerio Público Fiscal –en el caso de los fiscales-, que impulsa la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Son los fiscales federales y algunos camaristas quienes muestran con menos cautela que la Justicia federal ya no negocia con el Gobierno. Así lo demostraron en dos causas clave para el kirchnerismo: la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli y la decisión de Casación de sentenciar por tráfico de armas a Carlos Menem, aliado de CFK en el Senado.
El fiscal del juicio pidió que le quiten los fueros legislativos para que pueda ir a prisión y puso contra la pared a los senadores oficialistas: ¿ayudarán a condenar a Menem o demostrarán que el Gobierno lo protege? Se sumará, además, una próxima condena a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte.
Además, dos jueces federales en San Nicolás y Mar del Plata, fallaron la semana pasada en contra de la elección popular de los consejeros. Pero Servini de Cubría tiene la causa central: resolvería a favor del amparo con medida cautelar que presentó la Asociación de Magistrados, principal entidad de jueces del país. En el fuero federal la institución tiene varios socios pero pocos adeptos. Sin embargo, la mayoría de los jueces y fiscales apoyan la medida cautelar.
Todo indica que la jueza resolverá en estos días frenar la ley K. El Gobierno apelaría. La causa llegaría a la Corte Suprema a fines de junio, previo a la presentación de listas para las primarias. En la Corte, los votos contra la reforma serían 6 de 7, pero el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, busca que sea unánime para incluir al ministro más próximo al Gobierno, Raúl Zafarroni.
Servini de Cubría fallaría en contra del Gobierno, pero fuentes oficiales no descartan que haga “equilibrio”, y tome parte de los argumentos que el Ejecutivo le presentó ayer defendiendo la ley. La jueza cree que el Gobierno “va por todo”. “Jamás hemos vivido una intromisión así, ni siquiera durante la dictadura militar”, le dijo a su entorno.
El federal, que siempre jugó al equilibrio y a la oportunidad con los gobiernos de turno, no es el único fuero de peso político en contra de la reforma. Con la creación de las Cámaras de Casación como cuarta instancia judicial –una de las leyes de la reforma K-, la cámara del fuero Contencioso Administrativo perderían poder. El jueves, ese tribunal falló a favor de Canal 13 y resolvió que el Estado distribuya la pauta oficial con “equidad”.
