El nombre de Marcos Peña comenzó a sonar en tribunales. El jefe de Gabinete de Mauricio Macri es el centro de una causa que, para algunos, podría rozar un simple y eventual conflicto de intereses y, para otros, convertirse en un escándalo.
Se trata de la denuncia que presentó en su contra el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, cuando florecían los expedientes contra su clienta en mayo pasado. En ese entonces, las miras de Comodoro Py 2002 apuntaban a los negocios de la ex presidenta. El hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner, había sido contratado por la empresa de Lázaro Báez sin que hubiera certezas de los servicios prestados. Y se conocía además que, más allá de las distancias poco convenientes, Aerolíneas Argentinas (AA) había pagado a los Kirchner unos US$ 4,85 millones por el alquiler de 47.912 noches entre 2007 y 2016 para que alojara a su tripulación.
Mientras las sospechas se acumulaban en el expediente Hotesur, Beraldi pidió investigar a Marcos Peña porque con la gestión macrista, AA había decidido contratar en El Calafate para su tripulación al hotel Esplendor, que pertenece a Sebastián y Carlos Marcelo Braun, primos de Peña por parte de su madre y ligados al secretario de Comercio, Miguel Braun. Incluso, a modo de ejemplo, aseguró que el hotel de Cristina ofreció el precio más barato por habitación en la concesión, pero eligieron el de los Braun.
Aunque Peña dijo a la prensa que la acusación era “absolutamente infundada” y se desligó de los vínculos con el hotel, el fiscal Gerardo Pollicita –el mismo que pidió procesar a Cristina por asociación ilícita y ahora investiga la denuncia por encubrimiento a Irán del fiscal Alberto Nisman– requirió abrir la investigación ante el juez Sebastián Ramos, que instruye el expediente. Según pudo saber PERFIL,
AA se presentó ante la Oficina Anticorrupción haciendo consideraciones genéricas y preguntando si “en el futuro debía pedir mayores recaudos” a la hora de contratar a un proveedor para saber si podía vincular a “algún familiar de algún funcionario público”. La aerolínea aprovechó para aclarar que no formaba parte de la administración pública, más allá de que el 51% de su paquete accionario sea del Estado.
Por su parte, la OA hizo un informe, desde el área de conflicto de intereses de la Dirección Política de Transparencia, en donde “en abstracto” interpretó que no habría violación a la Ley de Etica Pública. Sin pronunciarse directamente sobre el caso Peña, la repartición a cargo de Laura Alonso remarcó que lo que es incompatible es “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado” en donde un funcionario ejerza su puesto. Y agregó que “tercero” es un “concepto jurídico indeterminado”, señalaron las fuentes con acceso al dictamen. Ahora, en tribunales deberán evaluar el alcance de esas explicaciones y conocer hasta dónde pudo haber llegado la injerencia de Peña en la elección del hotel en las tierras de Cristina.
