Concretamente, se sospecha que Tomada propició un acuerdo para conceder exenciones impositivas a empresas petroleras, con el objetivo de beneficiar a los trabajadores del sector, pero sin tener las facultades para hacerlo, ya que cualquier cambio en los gravámenes debe ser aprobado por el Congreso.
“Acá puede haber, en principio, fraude fiscal, porque se hace un cambio para no pagar impuestos. Esto se da si no hay una falsificación de instrumento público”, dijo Monner Sans aPerfil.
Un acuerdo polémico. Cuando el 17 de noviembre de 2006 las autoridades del Ministerio de Trabajo, un grupo de asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores del sector petrolero y dos cámaras empresariales del mismo rubro firmaron un acuerdo conjunto, no sabían que una copia iba a ir a parar a la Justicia para formar parte del expediente administrativo 1.191.770/06.
