Cuando Néstor Kirchner se preparaba para cederle la presidencia a Cristina Fernández, en diciembre de 2007, el matrimonio tuvo una idea: fundar una consultora privada. Querían aprovechar una ventaja que ninguno de sus competidores podía tener, la de manejar información privilegiada, sólo accesible en el máximo nivel del Gobierno.
"El Chapel S.A." fue el nombre elegido para la empresa, dedicada a "Consultoría, actividades Financieras y de Inversión". Los Kirchner ubicaron su emprendimiento en Río Gallegos, señalaron como presidente a su hijo Máximo, y ellos quedaron como suplentes. Tal vez suponían que el tema no podía traerles problemas.
Pero la idea no le pareció tan buena a la Justicia. El fiscal federal Federico Delgado realizó un requerimiento de instrucción para que se investigue a Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, y comenzó a pedir los documentos de la Consultora para que sirvan como prueba, informó el diario La Nación.
Delgado cree que la Presidenta debe ser investigada por presunta violación de la ley de ética pública, por el posible delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Este delito se castiga con reclusión de uno a seis años y la inhabilitación perpetua para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".
El juez que manejará la causa será Marcelo Martínez De Giorgi, que se desempeña como subrogante en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal. El magistrado está primero en la lista del Consejo de la Magistratura -dominada por el kirchnerismo- para convertirse en titular del tribunal que cubre como suplente, según el matutino.
Los pedidos del fiscal Delgado al juez incluyen una solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) de copias del legajo societario de El Chapel. También pidió al Registro Público de Comercio de Río Gallegos "todos los datos del estudio contable de Manzanares y Montaner", quienes tienen sus oficinas en Alcorta 76 (el mismo domicilio que la consultora de los K) y se encargarían de los negocios de los Kirchner, afirmó La Nación.
El fiscal también requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) que informe si posee antecedentes sobre El Chapel y sus integrantes; en caso de tenerlos, solicitó que indique la compatibilidad entre la consultora y el cargo público que desempeña Cristina Kirchner.
En marzo pasado, la Oficina Anticorrupción -que depende del Poder Ejecutivo- ya se había pronunciado sobre el tema: por una denuncia de la Coalición Cívica, pidió que la Presidenta renuncie a la Consultora.
Pero la palabra final la tenía el titular de la OA, Julio Vitobello: en agosto resolvió que Cristina podía mantener el cargo de directora suplente de El Chapel siempre y cuando no lo ejerciera en forma efectiva, para evitar un conflicto entre sus intereses privados y sus funciones de mandataria. Según Vitobello, el Estado debía "abstenerse de contratar los servicios" de la consultora.
