Kreplak le prohibió a Bullrich que las fuerzas federales hagan requisas a manifestantes en territorio bonaerense
Fue por medio de un hábeas corpus otorgado por el juez federal de La Plata a un grupo de militantes. Los alcances de la medida en otra jornada de movilización marcada por la amenaza represiva.
Kreplak y Bullrich |
cedoc-perfil
En medio de la amenaza represiva que representa el Protocolo Antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, un juez federal hizo lugar este martes 23 de enero a un hábeas corpus que pone límites a las requisas y filmaciones por parte de las fuerzas federales. Fue al resolver sobre un planteo presentado en la antesala del paro y movilización de la CGT de este miércoles 24 de enero. Aunque la medida no rige para la ciudad de Buenos Aires, dejó sentado un fuerte precedente.
Ayer, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, otorgó un hábeas corpus tras el planteo de un grupo de militantes que pedían límites al accionar de las fuerzas. Y en un despacho de nueve carillas exhortó al Ministerio de Seguridad de la Nación que "se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que (hoy) se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública" sin orden judicial previa.
La orden particulariza sobre quienes estén a bordo de transportes públicos o estén en los accesos a las unidades de trenes, "todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado".
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El juez le pidió al Ministerio que las fuerzas no hagan requisas ni filme a manifestantes sin orden judicial previa y sin que se configuren los requisitos previstos en el Código Procesal Penal. Y que si encuentran motivos para hacerlas, se labren las actas pertinentes para el posterior control judicial.
El planteo que le hicieron al juez
La intervención del juez platense fue a instancias de un pedido formulado por Yanina Gambetti, Ana Laura Luchessi, Martín Hernán Martín, Ana María Rodríguez, Rodolfo Giardino y Gisella Noemí Fredes. En su presentación, entre otras cuestiones, habían planteado que durante manifestaciones del 20 y 23 de diciembre pasado hubo numerosos casos de requisas a personas que se dirigían en transporte público rumbo a la ciudad de Buenos Aires para participar de las medidas.
El presidente Milei en la PFA viendo imágenes del operativo de la marcha del 20 de diciembre, cuando debutó el Protocolo.
Dijeron que fueron "filmados por personal de fuerzas de seguridad federal, y en otros, los que llevamos una mochila, bolsa o remera de pertenencia a alguna organización social o política, se nos solicitó documentación y fuimos requisados cuando concurríamos en las líneas de transporte público, haciendo constar que en ningún momento se labró acta alguna".
Ese tipo de situaciones, que se vieron en medios de comunicación y se viralizaron en las redes sociales, ocurrieron en lugares como la autopista Buenos Aires-La Plata, en el acceso de Quilmes, en Avellaneda y en estaciones de trenes, todos lugares aledaños a la ciudad de Buenos Aires.
Ante eso, el magistrado le preguntó al Ministerio de Seguridad si estaba previsto bajarle la orden a las fuerzas de avanzar con requisas y filmaciones, tal como ocurrió en esos casos. Ante ese requerimiento, Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial de la cartera dirigida por Bullrich, respondió que no se había expedido ni se había previsto expedir una orden de ese tipo.
Eso, al menos dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. Así, el juez decidió hacer lugar al hábeas corpus, que rige únicamente en todas aquellas avenidas, autopistas, puentes y estaciones que estén en territorio bonaerense. Es decir, no rige en la ciudad de Buenos Aires.
Los argumentos de Kreplak
Fuentes judiciales consultadas por PERFIL señalaron que el magistrado entendió que el accionar de las fuerzas federales que incluya requisas y filmaciones sin orden judicial y sin los presupuestos previstos por ley, es violatorio de derechos fundamentales.
La prohibición abarca a PFA, Gendarmería y el resto de las Fuerzas Federales. Pero solo en PBA.
Así y todo, se trata de un precedente importante de un juez federal contra ese tipo de prácticas que el Gobierno en general y Bullrich en particular amparan bajo los lineamientos del protocolo para asegurar el libre tránsito de las personas durante las movilizaciones.
Para el magistrado, si se repitieran las conductas denunciadas, ello "implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional. Y las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluyan requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional, como habría sucedido, según sostienen los accionantes".
El paro de este miércoles y la movilización al acto previsto para el mediodía se da en un contexto de fuerte amenaza represiva por parte de las fuerzas policiales, cuyos efectivos se desplegaron desde temprano sobre las adyacencias de la plaza. En la previa, las principales autoridades de la central obrera se reunieron con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de "garantizar un acto pacífico".
Pero Bullrich, por estas horas, se muestra desafiante respecto de la medida de fuerza consagrada constitucionalmente. "No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente", escribió la ministra en X (ex Twitter).
