La Justicia pide pruebas sobre el pago de indemnizaciones a uruguayos en Argentina
El juez Lijo requirió a la Secretaría de Derechos Humanos que informe si las personas denunciadas cobraron montos millonarios por haber estado menos de once días detenidos en el país. También le pidió a Economía el listado de todos los pagos hechos por las leyes de reparación.
Madres de Plaza de Mayo. |
NA y twitter @GersonmSV
La denuncia por supuestas irregularidades en el otorgamiento de indemnizaciones a uruguayos detenidos durante la última dictadura sigue avanzando en la Justicia argentina. El juez Ariel Lijo decidió pedir pruebas al Poder Ejecutivo. Por un lado, requirió a la Secretaría de Derechos Humanos que ratifique si las personas apuntadas efectivamente cobraron esos montos y, por el otro, le exigió al Ministerio de Economía que le entregue la lista de todos los pagos realizados en el marco de la ley de reparación.
La presentación original fue realizada por José D’Angelo, investigador en temas vinculados a los derechos humanos, como una ampliación a una denuncia que había hecho en 2019, donde ya apuntaba a irregularidades en el otorgamiento de indemnizaciones a detenidos, desaparecidos y exiliados, en el marco de la ley 24.043. En esta oportunidad, dio precisiones sobre 21 casos de uruguayos que estuvieron como máximo once días detenidos en el país y fueron extraditados al país vecino donde, en la mayoría de los casos, estuvieron mucho más tiempo privados de su libertad. Sin embargo, destaca que habría recibido millonarias indemnizaciones por el Estado argentino, como si todo el proceso de detención allá ocurrido en el país. Las cifras, a valores actualizados, sube hasta los $ 25 millones, con un caso especial donde el pago llegó a los $ 70 millones.
El juez Ariel Lijo pidió una serie de pruebas.
Al fin de la semana pasada, el fiscal Federico Delgado tomó cartas en el asunto y le solicitó al juez que avance con las medidas de prueba. Siguiendo el mismo camino, este lunes 27 de junio, Lijo decidió requerir “a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se sirva realizar un informe pormenorizado a fin de establecer si (y enumera a todos los mencionados) cobraron indemnizaciones en virtud de lo dispuesto por la Ley 24.043, y de ser así, en qué términos las habrían cobrado”.
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Además, el magistrado apunta a que si las cobraron y se debe al período de detención sufrido, "se deberá informar si el monto abonado correspondió exclusivamente al tiempo de detención sufrido en nuestro país o si ello además abarcó el tiempo de detención en la República Oriental del Uruguay".
Por otra parte, Lijo también le envió un requerimiento al Ministerio de Economía para que “se sirva remitir a este tribunal el listado de las personas que cobraron indemnizaciones en virtud de lo dispuesto por la Ley 24.043”.
José D'Angelo es el autor de la investigación y la denuncia.
En la causa están apuntados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público los funcionarios que estaban a cargo del área encargada de aprobar las reparaciones (Secretaría de Derechos Humanos) y los propios involucrados.
“Venimos por la presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes ‘reparatorias’, como consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad: el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen, en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios años”, señala el denunciante en el escrito.
D’Angelo asegurá que la Argentina “les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero indebidas a supuestas víctimas cuya Nación, además, no contempla estos millonarios resarcimientos”.
Además, el caso ya tomó notoriedad pública en Uruguay, ya que la información que circula es que los involucrados también recibieron indemnizaciones (aunque por montos menores) en ese país. Esa información la relata otro investigador, Álvaro Alfonso, quien relató los casos en el libro “Operación Verdad, testimonios y memorias escondidas de la historia reciente”.
