El fiscal federal Federico Delgado tomó cartas en una denuncia que se presentó esta semana por el otorgamiento de indemnizaciones a uruguayos que durante la última dictadura estuvieron alrededor de diez días detenidos en la Argentina y luego fueron extraditados a Uruguay. Como medidas de prueba, le solicitó al juez del caso, Ariel Lijo, que le pida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “la elaboración de un informe pormenorizado” con el objetivo de develar algunas de las cuestiones planteadas en la denuncia.
La presentación fue hecha por el investigador José D’Angelo, como una ampliación a la denuncia original que había hecho en 2019, en la que apuntaba a irregularidades en el otorgamiento de indemnizaciones a detenidos y desaparecidos. En este caso, mencionó 21 casos de uruguayos que estuvieron como máximo once días detenidos en el país y luego un período más prolongado en el país vecino. No obstante, asegura, recibieron millonarias indemnizaciones bajo el amparo de las leyes reparatorias. Las cifras, a valores actualizados, suben hasta los $ 25 millones, con un caso especial donde el pago llegó a los $ 70 millones.
Lo primero que busca saber Delgado es “si efectivamente las personas mencionadas por el denunciante cobraron las indemnizaciones que se cuestionan, en tal caso en qué términos”. Y pone la mira en las justificaciones para ese otorgamiento: “En caso de deberse a indemnizaciones correspondientes al tiempo de detención sufrido, se deberá informar si el monto abonado correspondió exclusivamente al tiempo de detención sufrido en nuestro país o si ello además abarcó el tiempo de detención en el país vecino”.
“Por último, respecto a las personas mencionadas en el apartado II (donde D’Angelo agrega a otras personas sin la confirmación de si recibieron pagos o no) entendemos que resultaría de utilidad verificar si cobraron indemnizaciones por sus detenciones y en tal caso si correspondía su pago, en los mismos términos que los casos puntualizados en el primer apartado”, concluye Delgado. Ahora deberá ser el juez el que defina el curso de la investigación.
