En la mañana de este martes, Cristina Kirchner recibió un nuevo revés judicial. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal desestimó el recurso de queja presentado por su defensa, que buscaba cerrar la causa en la que el Estado reclama más de 22.000 millones de pesos por las irregularidades detectadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
Este expediente fue iniciado en enero de 2018, durante la gestión de Javier Iguacel en Vialidad Nacional, y apunta a la expresidenta, junto a otros condenados como Lázaro Báez y José López, por el perjuicio económico ocasionado al erario público.
La defensa de la ex vice había argumentado que la causa debía extinguirse por “caducidad de la instancia”, ya que, según su interpretación, no hubo actividad procesal por más de dos años. Sin embargo, la Cámara consideró que esa afirmación no se sostenía al analizar las fechas y los movimientos registrados en el expediente.
Los jueces Guillermo Antelo, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier destacaron que el proceso civil se mantuvo activo tras una presentación realizada por Carlos Kirchner, primo del expresidente, en marzo de 2023, cuando notificó su absolución en la causa penal. Esa acción, según el tribunal, reactivó el expediente.
El fallo ratificó la postura del juez de primera instancia
El planteo de CFK ya había sido rechazado por el juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos, quien consideró que el escrito de Carlos Kirchner constituía un acto válido de impulso procesal. La Cámara ratificó esa visión y remarcó que, según el Código Procesal, cualquier actuación de las partes puede mantener viva una causa.
Además, el tribunal indicó que el plazo de inactividad que alega la defensa no alcanzó los seis meses establecidos para declarar la caducidad, especialmente al considerar la feria judicial de invierno de 2023.
La defensa de CFK denunció una supuesta “persecución judicial” nuevamente
En su recurso, los abogados de la exmandataria acusaron a la Justicia de aplicar una interpretación “literal” del Código Procesal y sostuvieron que la negativa a cerrar la causa configuraba una “persecución judicial”. También afirmaron que se contradecía la jurisprudencia vigente.
Sin embargo, la Cámara recordó que la normativa procesal establece que el rechazo de un pedido de caducidad no es apelable, ya que no genera un perjuicio concreto a quien lo solicita. El proceso continúa y la parte puede seguir ejerciendo su derecho a defensa, remarcaron.
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Otro de los argumentos de la Cámara fue que, incluso si se hubiese declarado la caducidad, Vialidad tendría la posibilidad de iniciar un nuevo proceso con el mismo objetivo: recuperar el dinero que, según la demanda, fue malversado durante las gestiones de CFK.
Por lo tanto, el tribunal consideró improcedente el planteo de la defensa y ratificó la vigencia del juicio civil. De esta forma, la causa Vialidad no solo continúa en el fuero penal, sino que también avanza en su capítulo patrimonial.
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