Mientras el gobierno de Mauricio Macri se adentra en las aguas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Justicia aún intenta conocer cómo fue realmente la primera negociación en materia de deuda de los funcionarios de Cambiemos. El debut financiero internacional fue oficialmente en 2016, cuando el entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo –hoy ministro en la materia– comandó el acuerdo con los holdouts, los denominados “fondos buitres” con los que la Argentina mantenía un conflicto judicial desde hacía diez años por el pago de la deuda en default. La denuncia que dio origen a la causa cuestionaba la legalidad de haber emitido deuda externa por US$ 15 mil millones para acordar con el 6% de los bonistas que no habían ingresado al canje de 2005, “mientras que para el 93% que sí lo hicieron se emitieron US$ 30 mil millones”.
Desde 2016, el fiscal federal Federico Delgado busca determinar si los funcionarios que participaron de esa negociación cometieron irregularidades, defraudación a la administración pública, conflictos de intereses y negociaciones incompatibles.
El fiscal analiza qué negociaron y cómo lo hicieron, pero también si beneficiaron a terceros vinculados. La relación con los bancos que participaron del pago de la deuda a cambio de comisiones también está siendo analizada, ya que se trata de ex empleadores de varios de los funcionarios.
En la mira están el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el ex ministro de Hacienda, Adolfo Prat-Gay, y el entonces secretario de Finanzas, Caputo. Pero también el actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que entonces era subsecretario y ahora integra el equipo que negocia con el FMI. Otros funcionarios en la mira son Pedro Lacoste, secretario de Políticas Económicas y Planificación del Desarrollo de Hacienda; Eugenio Bruno, subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios, que entonces era asesor de Caputo; Vladimiro Werning, subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial en la cartera que encabeza Marcos Peña, y Marcelo Griffi, que fue secretario Legal y Administrativo de Hacienda.
La fiscalía también está detrás de la documentación producida por el propio gabinete económico sobre las negociaciones con los buitres. Busca, por ejemplo, los informes de los funcionarios que viajaban a Estados Unidos a negociar con los holdouts y mantenían reuniones con actores financieros.
Sin embargo, hasta ahora la cartera de Finanzas solo remitió a la Justicia copia de un único memo, según fuentes del caso, que data de junio de 2017 y relata escuetamente los resultados de uno de los últimos acuerdos con los fondos. Se trata de un informe que ocupa apenas un tercio de una hoja oficio, en el que la funcionaria Susana Casillas, de la Oficina Nacional de Crédito Público, informa “con agrado” el final del acuerdo con grandes fondos de inversión de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas por más US$ 162 millones.
La funcionaria resalta en el memo que, con esta resolución, la Argentina cree haber resuelto el 98% de todos los reclamos de los fondos buitres y pondera que fue gracias “a la productiva participación del secretario de Finanzas, Santiago Bausili”, entre otros actores.
Parte de la información podría estar en los informes trimestrales que Finanzas está obligado a remitir a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa en el Congreso. La respuesta ante el pedido de la fiscalía para acceder en 2017 a los informes fue negativa. La excusa: dicha comisión no se había conformado. Pero los informes sí estaban en el Congreso, según pudo saber PERFIL.
Caputo había remitido esos informes trimestrales al Congreso, pero nunca llegaron a manos de los legisladores. Quedaron archivados en otra comisión. El jueves, el presidente de la comisión de seguimiento de la deuda, José Mayans, dijo a los diputados y senadores: “Me costó un poquito reunir la información (enviada por Finanzas) porque en alguna parte de la Cámara de Diputados, todo eso fue remitido a la comisión de Presupuesto y dicha comisión informó que fue a archivo por el tema de la ley de caducidad”, ya que se trata de informes de 2016 y 2017.
El senador peronista agregó: “Hablé con Caputo y le dije que vamos a pedir lo que establece la ley”. Mayans resaltó que el ministro le dijo que el Gobierno había enviado “de forma completa la información sobre los holdouts” al Congreso. “Hay información que es sensible. En una reunión más secreta, reservada, vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar a esa información”, concluyó el senador.
