La Justicia comenzó anoche los allanamientos en el gobierno kirchnerista de Río Negro en la causa por los presuntos sobresueldos millonarios en el gabinete del mandatario Miguel Saiz. Ayer siete funcionarios se pusieron a disposición de las autoridades judiciales para 'blanquear' su situación.
La Procuradora General de la provincia, Liliana Piccinini, pidió esas medidas "urgentísimas" al juez a cargo, Carlos Reussi. El magistrado ordenó buscar documentación probatoria y determinar si hubo responsabilidad de los ministros en el cobro de un plus de 24 millones de pesos.
El principal acusado es "Ringo González", mano derecha y secretario del gobernador, por distribuir 200.000 de pesos mensuales a discreción y sin controles.
En principio, Piccinini no incluiría como imputado al gobernador Saiz. Pero desde la Justicia provincial trascendió que el mandatario K no estaría totalmente al margen. Él habría escrito de puño y letra el decreto que habilitó los "adicionales" que administró González.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Oliva, reiteró a Perfil.com que en la gobernación de Río Negro "no hay corrupción" y relativizó el accionar judicial. "Anoche no vinieron a allanar las oficinas. Ni hubo Policía ni nada. Sólo pidieron amablemente documentos y se los dimos", describió.
El jefe de la cartera financiera aclaró que él cobra "10.900 pesos en manos", de lo cuales 4.350 pesos corresponden a los polémicos "adicionales" que el gobernador aprobó en 2004. Según la denuncia, esa resolución de Saiz nunca se publicó en el Boletín Oficial. El ministro aseguró que sí y que "salió publicado en los diarios".
Al igual que su par de la cartera de Familia, el titular de Economía rionegrino sostuvo que el plus se repartía entre funcionarios de su cartera, a razón de menos de $2.000 por empleado. Perfil.com le consultó cuántos eran en su área. "No sé, no me acuerdo", contestó.
El funcionario dijo tener "la conciencia tranquila" y al mismo tiempo estar "dolido". "Es como si dijeran que uno es traficante de drogas. Esa imagen es muy difícil de revertir en la sociedad", añadió.
En tanto, el denunciante del caso, el legislador del PJ Martín Soria, amplió la querella por presunta evasión fiscal ante la AFIP. El hijo del intendente de General Roca y candidato a gobernador opositor también acusa a los funcionarios de hacer 'invisibles' al fisco los pagos de los millonarios sobresueldos.
