Antes de que el voto “no positivo” de Julio Cobos pusiera fin, al menos de forma temporal, a la crisis del campo, había otra ley considerada fundamental por muchos ruralistas que el oficialismo impulsaba y cuya aprobación parecía inminente: la de arrendamiento rural. Pero a partir del voto cobista, todo cambió y con ello la ley, que ya contaba con dictamen de Comisión, parece haber quedado estancada.
En efecto, desde la oposición consideran que el proyecto que tanto fogoneaban los oficialistas, en medio de la necesidad de conseguir votos a favor de las retenciones era "una cortina de humo para dividir a las cuatro entidades", según afirmaron a Perfil.com diputados de la Coalición Cívica, el PRO, y la UCR.
Se trata, por caso, de un proyecto que, según la Federación Agraria (FAA), tiene como principal objetivo beneficiar al pequeño productor y ponerle un límite a los pools de siembra. Pero las críticas de algunos sectores no se hicieron esperar y –de hecho- su inminente tratamiento quedó, después del “No” a las retenciones, en un stand-by indefinido.
El diputado Pedro Morini, de la UCR, miembro de la Comisión de Agricultura, dice que es una modificación que hay que hacerse pero que no es urgente. “Hay otros temas del campo más urgentes para tratar”, opinó el diputado, al tiempo que fue uno de los legisladores que señaló que el tratamiento supuestamente inminente del poryecto fue “una cortina de humo”.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Francisco Ferro, de la Coalición Cívica. “El proyecto debería volver a Comisión para ser tratado. No creo que el oficialismo vuelva a impulsarlo, lo hizo sólo para generar divisiones en la Mesa de enlace, y como no lo lograron...”, destacó el legislador. Y señaló además que si bien el proyecto tiene algunos aspectos positivos, “no atiende a la realidad de estos tiempos y es muy reglamentista”.
Es que las críticas también alcanzaron a otros aspectos. La iniciativa de la FAA de 94 artículos, que tomó el diputado Eduardo Macaluse (SI - ARI) para llevar al recinto, fue catalogado de anacrónica y hasta lo criticaron por ser demasiado intervensionista.
El proyecto, que busca suplantar una ley que data de 1948, pretende extender los contratos a cinco años, ampliar los derechos de los arrendatarios, regular los precios en base a lo que se produzca en los campos, además de impulsar la conservación de los recursos y limitar la explotación de las tierras por parte de los pools de siembra.
Sus detractores entienden que se trata, más bien, de quitarle derechos al dueño de las tierras lo que, en muchos casos, los llevaría a deshacerse de ellos. Además, dicen que provocaría la detención de la inversión y de la tecnología, dos de los pilares del crecimiento del campo en los últimos años.
“Es una iniciativa por demás reguladora, en el cual la intervención del Estado limita la libertad contractual de las partes, afectando la libertad de comercio. Al acordar a una de las partes (arrendatario) mayores derechos que al propietario esta violando la igualdad ante la ley, derecho amparado en el artículo 16 de la Constitución Nacional”, criticó el diputado por el PRO, Christian Gribando, miembro de la Comisión de Agricultura.
En efecto, una ley de arrendamiento que limite a los pools de siembra, como se pretende, no es vista con buenos ojos en todas las entidades. Sin embargo, desde la FAA aseguran que las cuatro entidades pretenden darle importancia a este tema, “aunque cada uno lleve su propia propuesta, según su conveniencia”, dijeron a Perfil.com desde la entidad.*Redactor de Perfil.com.
