Desde castigos físicos propios del siglo XIX hasta regulaciones sobre competencias de palomas mensajeras, la denominada “Ley Hojarasca” impulsada por el gobierno de Javier Milei propone barrer con un conjunto de normas que el oficialismo considera obsoletas, inútiles o superadas por el paso del tiempo.
El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, incluye la derogación de leyes tan dispares como la que sancionaba con inhabilitación a quienes ordenarán azotes (de 1864), la que exigía un carnet para mochileros o incluso la regulación de la colombofilia, que implicaba registrar y matricular palomas mensajeras. También aparecen normas como la llamada “Ley del Lobizón”, reformada en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner, que otorgaba beneficios al séptimo hijo.
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Muchas de estas normas persisten por inercia normativa, es decir, continúan vigentes pese a haber perdido aplicabilidad o coherencia con el marco constitucional actual. Desde el oficialismo, con figuras como Federico Sturzenegger, sostienen que el objetivo es simplificar el ordenamiento legal y reducir lo que consideran una “sobrerregulación”.
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