Cuando la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino decidió no apelar el fallo que lo culpó de ser partícipe necesario del homicidio de Alberto Nisman, lo único que tenía en mente era llegar rápido al juicio oral. Pero la jugada de Sara Garfunkel, madre de Nisman y querellante en el caso, amenaza con complicar sus planes: el abogado Pablo Lanusse acaba de pedirle a la Cámara Federal que revoque el procesamiento de Lagomarsino y los custodios. ¿Por qué? Porque quiere que se los acuse de “magnicidio” y que incluyan en la investigación a la ex presidenta Cristina Fernández como parte del “plan criminal” que terminó con la vida del jefe de la UFI AMIA. Y también a personajes de inteligencia, funcionarios, jueces y fiscales, como Daniel Rafecas o Javier De Luca.
“Reconocer la existencia de este plan permitirá investigar la responsabilidad que le pudo caber a la ex presidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, sostuvo Lanusse en el escrito al que accedió PERFIL y que analizan los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Y un dato clave: la querella citó argumentos de esos mismos jueces cuando en diciembre confirmaron los procesamientos y detenciones de CFK, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el ex Quebracho Fernando Esteche y el piquetero Luis D’Elía, entre otros, por la causa del memorándum con Irán.
Según la madre de Nisman, está claro el porqué de la muerte de su hijo: “La decisión que puso en marcha el plan criminal para perpetrar el magnicidio encontró su razón en la denuncia” del 14 de enero de 2015 contra la entonces presidenta. Cuatro días después, Nisman apareció con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento. “El para qué es evidente y claro: callar la voz de Nisman y, con ello, no solo darle muerte física sino también favorecer la impunidad de los denunciados”, dijo.
Ahora, Lanusse le pidió a la Cámara analizar “el objeto procesal en su integridad y con la dinámica propia del plan criminal para poder investigar la responsabilidad de todos los posibles responsables". Además de CFK, apuntó a "los grupos de choque que eran afines al gobierno como Quebracho, a los grupos de Inteligencia de la ex SIDE y de inteligencia militar (Fernando Pocino y el ex jefe del ejército César Milani, preso por crímenes de lesa humanidad y el jefe de la Policía federal Ramón Di Santo).
Y sostuvo que la investigación por el “magnicidio” de Nisman no puede dejar afuera "las responsabilidades judiciales que pudieron resultar funcionales a la garantía de la impunidad". Habló del juez Daniel Rafecas, que desestimó su denuncia, y del fiscal de Casación Javier De Luca, por "la crónica de un desisitimiento anunciado" que selló el cierre de la causa, más tarde reabierta gracias a una querella y a la acusación de traición a la Patria ante el juez Claudio Bonadio.
Por último, Lanusse reclamó avanzar sobre “aquellos que resultaron funcionales para que esta investigación naufragara detrás de la impunidad de un ‘suicidio’ planteado”. “Me refiero”, añadió, “al ex secretario de Seguridad Sergio Berni –casualmente designado por entonces ante Interpol, donde estaban anotadas las alertas rojas de los ciudadanos iraníes acusados de participar en el atentado terrorista–, al juez Manuel de Campos, a la ex fiscal Viviana Fein, a su ex secretario Bernardo Chirichella” o al ex número 2 de la AFI Juan Martín Mena.
Ya hay una causa paralela por el presunto encubrimiento de la muerte de Nisman.
