"Traté siempre de apegarme a la ley", había asegurado semanas atrás el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren respecto de su gestión, en el marco de la denuncia por presunta incompatibilidad al poseer acciones de la empresa Shell. Pero para la Oficina Anticorrupción no habría bastado con sus explicaciones. Este lunes le recomendó desprenderse de todo su paquete accionario de la firma petrolera.
El organismo, dirigido por Laura Alonso, dictaminó en virtud del rol previo de Aranguren como CEO de Shell y su carácter actual de accionista de Royal Dutch Shell Ltd en el marco de las normas sobre conflictos de intereses.
Al respecto, la OA resolvió recomendar al ministro que se desprenda de su participación societaria o que adopte alguna medida patrimonial (tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición). La OA sustenta su recomendación en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública. Este artículo sostiene que “El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.
Además, la OA le hizo saber al ministro que deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario. En caso que se presente una situación de este tipo, el ministro deberá comunicar su excusación al Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo.
En ese sentido, la Oficina Anticorrupción destacó que si bien la ley 25.188 no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas.
El 16 de agosto pasado, el ministro de Energía se había defendido de las acusaciones al asegurar que "traté siempre de apegarme a la ley" y remarcó que "cada vez que desde el Estado nacional hubo alguna denuncia" en su contra se "defendió en la Justicia y siempre he salido eximido". Y aseguró: "Me abstuve de tomar decisiones particulares vinculadas con mi anterior empleador".
