El decreto de necesidad y urgencia que cerró las fronteras para el regreso de argentinos o de residentes en el país es el que más cuestiona la oposición, que viene reclamando que se reúna la comisión bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar la validez de la veintena de DNU que firmó Alberto Fernández desde que empezó la crisis del coronavirus.
“No hay ningún impedimento para que la bicameral se junte”, reclama un diputado opositor. “Incluso la pueden convocar de manera virtual, como venimos haciendo en otras comisiones”, añade otro legislador. Desde que asumió la presidencia, Fernández ya firmó 37 decretos y la bicameral (que por ley tiene que expedirse sobre su validez en los siguientes diez días hábiles) nunca se reunió. De hecho, también quedaron 14 DNU firmados por Mauricio Macri sin analizar. El diputado oficialista Marcos Cleri, titular de la bicameral, todavía no brindó precisiones sobre una eventual convocatoria.
“El 313 es una aberración, un precedente que no podemos dejar que se siente”, razona un tercer diputado en referencia al decreto que cerró las fronteras para el ingreso de argentinos o residentes. Se publicó el 27 de marzo (a la semana de estar vigente el aislamiento) y fue una ampliación del 274/2020 que ya había impedido el ingreso al país de extranjeros. “Es inconstitucional, no es reglamentar un derecho sino directamente aniquilarlo”, asiente otra de las voces consultadas. Con el 313/2020 entra también el 331/2020, que prorrogó el cierre de fronteras aunque impuso ciertos límites y excepciones. “Fue para salvar la aberración legal anterior”, insiste el primero. Y agrega: “Si eso queda tal cual está, vos podés limitar cualquier derecho y garantía constitucional sin ninguna declaración de estado de sitio”.
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Dirigentes de la oposición vienen criticando cada vez con más fuerza ese DNU, que generó que decenas de miles de argentinos quedaran varados en el exterior. De hecho, ya hubo presentación en la Justicia para que se declare inconstitucional el 274/2020 y sus extensiones. Por el momento, un fallo de la Cámara Federal de Tucumán rechazó un amparo presentado para permitir el regreso de argentinos en un vuelo que no tenía habilitación del Gobierno, pero no resolvió la cuestión de fondo.
“La mayoría de los DNU están dentro de todo bien”, explican desde la oposición, quienes desde un primer momento avalaron que el Presidente emitiera decretos para agilizar la administración durante la pandemia. “Pero con más de treinta decretos para analizar es importante juntarnos, evaluar y, si lo requiere, dictaminar”, dicen.
Otro decreto en el que pusieron la mira desde Juntos por el Cambio es el 351/2020, que otorgó a los intendentes la potestad de fiscalizar precios y clausurar negocios en sus municipios. En los hechos no fue firmado como un DNU, pero el reclamo es que sea analizado como tal ya que cambia una ley, la de Defensa de la Competencia, un atributo en el que el Poder Ejecutivo puede interceder solo a través de un DNU. “Es un DNU encubierto”, analizan. La interpretación que hizo el oficialismo es que se trata de un decreto reglamentario de una ley y que no la modifica.
Es motivo todavía de debate interno el DNU que postergó el pago de deuda bajo legislación local (346/2020, publicado el 6 de abril). Diversos sectores de Juntos por el Cambio también se inclinan por rechazar ese texto que dejó a la Argentina en un virtual default y que estableció un trato diferencial con los bonos bajo legislación extranjera.
Entre los decretos todavía sin analizar por la bicameral está el 34/19, que fijó la doble indemnización, y el 156/2020, que eximió al sector público de esa imposición. La postura dentro de la oposición, en este caso, es de forma: consideran que no había necesidad ni urgencia para sacarlo a través de un DNU, cuando el Congreso estaba en plena vigencia. De hecho, unos días después se votó el paquete de emergencias que pidió Alberto Fernández. “Nada justificaba un DNU en ese momento”, sostienen.
La postura que está primando dentro del principal espacio opositor, de todas formas, es avalar la gran mayoría de los decretos. “Cuando se creó la comisión, en 2006, hubo un debate de posiciones, respecto de tener un criterio amplio o restrictivo de las atribuciones presidenciales”, relata un experimentado diputado. “Se impuso el criterio del kirchnerismo, el amplio. Cuando llegó Macri al poder nosotros propiciamos seguir con ese criterio, pero ellos giraron y se volvieron estrictísimos. Nosotros ahora queremos ser coherentes y seguir aplicando ese criterio amplio”, concluyó.
