El decreto 682/2025 del Gobierno, que habilitó durante tres días la liquidación de granos sin pagar retenciones hasta alcanzar un cupo de 7 mil millones de dólares, abrió un frente de conflicto que ya no se limita al campo: la oposición decidió trasladar la discusión al Congreso.
La medida fue celebrada por el oficialismo como una señal de confianza hacia el agro y una vía para captar divisas inmediatas. Pero en la oposición surgieron cuestionamientos casi de inmediato: consideran que el esquema benefició sobre todo a grandes exportadoras, no alcanzó a los productores chicos y medianos y significó un costo fiscal de más de 1.500 millones de dólares para el Estado.
Desde la Coalición Cívica se presentó un pedido para convocar de manera urgente a un plenario conjunto de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Los legisladores reclaman que el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, brinde detalles sobre cómo se implementó la medida, qué empresas accedieron al beneficio y cuál fue el monto exacto de retenciones que el Estado dejó de percibir.
La CC advirtió que existen sospechas de irregularidades, entre ellas el posible incumplimiento de la Ley Martínez Raymonda, que obliga a los exportadores a acreditar la tenencia física de los granos al momento de la venta. Para los diputados opositores, la velocidad con que se agotó el cupo disponible es otro indicio de que el decreto favoreció a un grupo muy reducido de compañías.
“Queremos saber quiénes fueron los beneficiados, cuánto exportaron y cuánto dejó de recaudar el Estado. No alcanza con discursos, necesitamos información precisa”, remarcaron los legisladores al formalizar el pedido de informes.
En paralelo, el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro presentó un proyecto de ley que busca cobrar un aporte extraordinario a las grandes exportadoras que se beneficiaron con las retenciones cero. Según los cálculos del legislador, esa contribución permitiría recaudar unos 1.500 millones de dólares, una cifra equivalente a lo que el Estado dejó de percibir por el decreto.
El texto establece que el 80% de lo recaudado se destine a mejorar haberes jubilatorios y el 20% al financiamiento del Hospital Garrahan. “No sé si fueron chorros o tontos”, lanzó Santoro en conferencia de prensa, cuestionando el decreto de Milei por tratarse de un beneficio injustificado para un puñado de empresas.
Pablo Juliano, presidente de Democracia para Siempre, denunció que “entre el lunes y el miércoles de esta semana, con el aval y la complacencia del gobierno de Milei, las cerealeras se hicieron de un botín de más de 1.500 millones de dólares”. Y agregó: “El Gobierno no les exigió siquiera anotar una declaración jurada de venta al exterior (DJVE) con la tenencia acreditada de los granos. El campo terminó siendo solo un dador de dólares para que el Ejecutivo hiciera caja”.
El socialismo santafesino fue más allá y avanzó con un proyecto de resolución para interpelar al titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. El autor de la iniciativa, Esteban Paulón, cuestionó que las resoluciones 184 y 185 de 2025 autorizaron la presentación de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior con retenciones del 0%, beneficiando a unos pocos grandes jugadores del sector, en la misma línea que sus pares de otros bloques opositores.
“Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el Gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado hace unos días”, señaló Paulón en los fundamentos del proyecto acompañado por la diputada Mónica Fein.
