El trueque es la actividad comercial más primitiva de la humanidad. Y el kirchnerismo parece decidido a recuperarla en medio de la pelea que ha venido manteniendo con sectores del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura vendría a ser el mercado, y los jueces, las mercancías. En las últimas semanas, operadores del Gobierno propusieron a sectores de la oposición que aceptaran destituir a Claudio Bonadio a cambio de remover también a Norberto Oyarbide.
Dos fuentes, una del Poder Judicial y otra del Legislativo, confiaron a PERFIL que el secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue el encargado de proponerles el trueque a los opositores. “Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la Justicia y evitar que los jueces quieran condicionar al poder político”, dicen que, palabras más o menos, argumentó el camporista con la intención de llegar a un acuerdo que dejara a todos contentos. Pero, hasta ahora la mercadería, sigue sin venderse. El momento político marca que cualquier tipo de acuerdo con el kirchnerismo se le volvería en contra a la oposición, por eso la negociación está en cero.
La intención de realizar el trueque no es nueva. En la primera mitad del año (hacia abril o mayo), Alvarez ya proponía la posibilidad de hacer un trueque que incluyera a Oyarbide, el magistrado más cuestionado por la oposición por favorecer al matrimonio presidencial y sus funcionarios. Pero en ese momento pedía a dos jueces a cambio: el propio Bonadio y Daniel Rafecas. Eso significa que Bonadio ya estaba en la mira del kirchnerismo antes de que decidiera allanar las oficinas de Hotesur y avanzar en una investigación que toca directamente a Cristina Kirchner. Al parecer, el precio del juez ahora vale doble.
El mercado. Esta semana, el oficialismo consiguió en el Consejo de la Magistratura imponerle una sanción económica (30% del sueldo de este mes) a Bonadio. Lo logró por siete votos contra seis, incluyendo el de la presidenta, Gabriela Vázquez (que también es jueza). Sostuvieron que el magistrado habría dejado prescribir las causas de Tandanor y Curtiembre Yoma SA, que generaron al Estado nacional un perjuicio patrimonial superior a los 60 millones de dólares.
Desde la oposición sostuvieron que el dictamen en su contra ya estaba vencido y que la responsabilidad de la mora no fue de Bonadio. En ese grupo se encuentran los legisladores radicales Gustavo Valdés y Angel Rozas, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, y los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato.
La estrategia del kirchnerismo para las próximas semanas es seguir poniendo en discusión dictámenes en contra de Bonadio y ponerle más sanciones disciplinarias que incluyan un perjuicio económico. De esta manera, pretenden aplicar el artículo 25, inciso 7 de la Ley del Consejo de la Magistratura (24.937), que establece que la acumulación de sanciones disciplinarias es una causal para remover a un juez. Si bien no especifica la cantidad, hay precedentes de que con tres sanciones se puede aplicar ese argumento.
Sin embargo, para votar la destitución, el oficialismo seguiría necesitando dos tercios de los votos (nueve consejeros si están todos presentes), número al que todavía no llega. En el kirchnerismo no se dan por vencidos y apuntan a varios de los opositores. Al correntino Valdés buscarán presionarlo a cambio de fondos para su provincia, que gobierna el radical Ricardo Colombi. Tanto Valdés como el gobernador se encargaron de anticipar que no aceptarán ningún tipo de extorsión, y recuerdan que en los últimos años la provincia ya viene siendo perjudicada con la asignación de fondos. También tendrían en la mira a Donato, por beneficios que recibiría el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La consejera niega todo tipo de negociación.
Mientras tanto, el Gobierno seguirá apuntando sus esfuerzos a destituir a los jueces que le den malas noticias. Fuentes judiciales, de todas formas, creen que es difícil que terminen cediendo en un trueque a Oyarbide, quien además está próximo a jubilarse.
