En una intensidad parlamentaria sorprendente en tiempos de cuarentena, la Cámara de Diputados sesionó dos veces en solo cinco días y permitió el avance de un paquete de leyes económicas con un amplio respaldo de la oposición.
La estrategia encabezada por Juntos por el Cambio y parcialmente por Consenso Federal fue interpretada como una tregua en medio de los enfrentamientos con el Gobierno nacional para permitir la media sanción de los proyectos de ley de moratoria y la ampliación del Presupuesto y la renegociación de la deuda externa bajo legislación nacional que se convirtió en ley, fundamentales para comenzar a diagramar el plan post pandemia.
Sin embargo, se despliega ahora un escenario de incertidumbre con respecto a la actividad en la Cámara baja a corto plazo. Ayer venció el protocolo de sesiones mixtas que acordaron el oficialismo y la oposición por primera vez a finales de abril para poner en marcha el Congreso y que prorrogaron los primeros días de julio para garantizar el trabajo parlamentario.
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Según supo PERFIL, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, no dio señales aún sobre cuándo podría discutir el tema con los jefes de los bloques y se estima que dejará pasar la próxima semana para intentar renegociar un entendimiento.
Es que Juntos por el Cambio insiste con la necesidad de volver a las sesiones presenciales, sobre todo ante la próxima llegada a la Cámara de la reforma judicial que ya empezó a ser tratada en el Senado. “No hay voluntad” de prorrogar el sistema de sesiones a distancia, comentó un referente al ser consultado sobre el tema. En la agenda a mediano plazo también figura una reforma tributaria que incorporará, entre otros puntos, la polémica modificación de la alícuota de IVA a la leche y el debate sobre el Presupuesto 2021, que llegará al Congreso antes del 15 de septiembre.
El ojo de Juntos por el Cambio está puesto en los tiempos que demandará la reforma judicial en el Senado: si Cristina Kirchner quiere despachar la media sanción antes de fin de mes, se negarán a tratar la prórroga porque no quieren que la reforma se trate en comisiones y en el recinto con el actual sistema remoto que, según dicen, “funciona cada vez peor”.
También quieren ajustar algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con los problemas de conectividad de los diputados. Incluso se preguntan qué es lo que puede llegar a pasar con esas fallas técnicas en alguna votación que esté ajustada y que requiera de un registro preciso de las voluntades de cada participante.
Como ejemplo marcan que en las últimas votaciones hubo artículos como el 7 de la ampliación presupuestaria ligado a la posibilidad de dolarización de la deuda en pesos de acreedores locales que salió por solo 6 votos de diferencia, situación que podría verse complicada si hay problemas en la conexión.
Desde la Presidencia de la Cámara se ocuparon de aclarar que el sistema en sí no tuvo fallas técnicas en las últimas tres sesiones.
