Ni bien se enteró de la muerte de Jorge Rafael Videla, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó enviar el parte médico sobre la situación del represor al sistema de medios estatal –la agencia de noticias Télam, Canal 7 y Radio Nacional–. Quería que fueran los primeros en saberlo y difundirlo. El Gobierno considera como mérito propio que el represor estuviera condenado a cadena perpetua en una cárcel común por delitos de lesa humanidad.
El ex presidente Néstor Kirchner impulsó la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el reinicio de los juicios contra los represores. Levantando la bandera de los derechos humanos, Kirchner hizo que el entonces jefe del Ejército, Roberto Bendini descolgara el cuadro de Videla del Colegio Militar.
La política de derechos humanos del kirchnerismo acercó a la Casa Rosada a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que están presentes en casi todos los actos oficiales.
Por todo ello, el hecho de que Videla estuviera en una cárcel común y condenado a perpetua por los crímenes del terrorismo de Estado es un punto que el kirchnerismo se anota como propio. Al igual que Videla, hay otros condenados en Marcos Paz, como Miguel Etchecolatz. Sin embargo, el legajo de la gestión K carga con la desaparición del testigo Julio López, uno de los testimonios más importantes que permitieron que Etchecolatz fuera condenado por el genocidio de los años de plomo.
Los abogados que defendieron a López siempre criticaron que el albañil no tuviera custodia.
