Los 120 días impuestos por la Corte Suprema para avanzar con una nueva ley del Consejo de la Magistratura vencieron ayer, pero el Congreso no pudo cumplir con el objetivo. El proyecto logró la media sanción en el Senado, pero las internas en el oficialismo, la falta de apoyo de aliados y la dura oposición de Juntos por el Cambio hicieron que el texto se estanque en la Cámara baja, como pasó con el resto de las iniciativas del ámbito judicial que intentó motorizar el Frente de Todos.
De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, el próximo lunes debería volverse a la conformación previa a 2006, lo que en el ámbito político implica la designación de un senador y un diputado, para sumarse a los cuatro legisladores que ya están en funciones. Esa situación viene generando cruces entre el oficialismo y la oposición, que durante la semana ejerció presión sobre Sergio Massa y Cristina Kirchner y envió sus propuestas para ocupar los lugares. Es que sostienen que a la UCR le corresponde un lugar por la segunda minoría en Diputados, para lo cual propusieron a la santacruceña Roxana Reyes y que para el PRO debería ser el otro puesto del Senado, con Luis Juez como candidato. La embestida llegó en simultáneo a una maniobra judicial que encaró el diputado oficialista Marcelo Casaretto desde Entre Ríos, pero con alcance nacional.
Luego de una presentación ante la Justicia Federal logró el dictado de una medida precautelar que exige que Cristina Kirchner y Massa se “abstengan” de nombrar a los representantes políticos por el Congreso.
“El fallo de la Corte es de cumplimiento obligatorio. La ley que regula los amparos dice expresamente que la acción de amparo no es admisible contra actos de un órgano judicial. Por lo tanto, la decisión del juez de Paraná de hacer lugar al amparo solicitado por el kirchnerismo es abiertamente contraria a la normativa vigente”, sostuvo el jefe del bloque de la UCR Mario Negri, en un contrapunto que mantuvo con su colega del Frente de Todos, Germán Martínez. El santafesino se refirió a la decisión judicial, pero especialmente hizo mención a la “ventana de oportunidad” que genera a nivel político. “Observo en algunos dirigentes opositores mucha ansiedad por acelerar designaciones que pueden tener consecuencias institucionales graves. Seamos prudentes y responsables”, pidió Martínez, a la espera de una acción de la Corte Suprema que nadie se atreve a anticipar.
Ya había previsto que era imposible conseguir los respaldos en los cuatro días hábiles que había dejado el Senado tras la media sanción y ahora abogó por renovar las conversaciones para sacar un nuevo proyecto, con modificaciones, que permitan sumar el respaldo de aliados, pero que a la vez complicaría la unidad interna. Un dilema infinito. Uno de los datos clave fue el voto con el oficialismo de Graciela Camaño, actual consejera de la Magistratura, para aprobar un reglamento provisorio hasta tanto se resuelva la nueva conformación o la sanción de una nueva ley.
La disputa por las comisiones. Más allá de la discusión sobre temas puntuales, Diputados mantiene frenada el reparto de las comisiones, y aquí no se trata solo de las diferencias en el Frente de Todos, sino también en Juntos por el Cambio. “Solo falta definir los nombres, porque el reparto proporcional ya se hizo”, aclaran en la oposición. Pero precisamente es donde no terminan de ponerse de acuerdo tanto en el PRO como en la UCR, que tienen once y siete titularidades de comisiones respectivamente. De acuerdo a lo informado desde el oficialismo, en la semana entrante se conocería el organigrama completo de las comisiones, lo que en la práctica significaría el arranque de decenas de proyectos que se encuentran en el limbo parlamentario.
