La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dejó conclusiones durísimas sobre la situación de la libertad de expresión en el país, y ratificó su "preocupación" por las "acciones u omisiones del Estado que afectan en forma severa" del ejercicio pleno de este derecho, mediante "una estrategia oficial de control de la información".
Una delegación de la SIP, encabezada por su presidente, Gonzalo Marroquín, se entrevistó durante varios días con actores políticos, sociales y periodísticos, pero casi no pudieron reunirse con funcionarios oficiales, entre ellos con la presidenta Cristina Fernández, porque no respondieron a los pedidos de entrevistas.
Entre algunas de sus conclusiones, Marroquín advirtió que hay evidencias que ratifican que "la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina". Al tiempo que pidió "a todos los sectores y a la población en general a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia".
En el comunicado, la delegación informa que la Secretaría de Medios -cuyo secretario Juan Manuel Abal Medina fue el único funcionario oficial que aceptó entrevistarse con la SIP- entregó un documento en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto y establece que hay "completa libertad" de prensa en el país, pero aseguran que ellos, como representantes de la SIP, han "constatado un panorama diferente en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad".
Y asegura que la misión de la SIP "fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos", en clara referencia a Papel Prensa.
Otro de los temas que denuncia en su comunicado, la SIP asegura que existe "uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales".
Y agrega: "La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad".
Además, la SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, "se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país".
Otro de los puntos que destacaron en su informe, es sobre las "desconcertantes declaraciones de altos funcionarios del gobierno" sobre temas relacionados con los medios y la prensa. "Como por ejemplo, el ministro del Interior (Aníbal Fernández), ha declarado que 'los medios públicos están al servicio del gobierno' u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes".
La delegación tuvo entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales, como Laura Zommer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas; Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano; y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles. También con Abal Medina y varios de sus colaboradores. Con la senadora, María Eugenia Estenssoro, presidenta de la Comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación; la diputada, Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y varios legisladores de esa Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.
La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil; Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros.
La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), entre ellos Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable; Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas; Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social. La SIP también se reunió con representantes de ADEPA, encabezados por su presidente, Daniel Dessein; con miembros de ADIRA, liderados por su presidente, Fernando Cuello; y de FOPEA, encabezados por su titular, Gabriel Michi.
Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo; y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.