Luego de una oposición inicial, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) se vieron forzados a aceptar esta semana la elevación a juicio de la causa contra Ricardo Echegaray y Ángel Toninelli (extitulares de la AFIP y la DGI, respectivamente), en la causa por las facturas truchas de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Los ex funcionarios fueron procesados a mediados de este año por el juez federal Sebastián Casanello y la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó ambos procesamientos en agosto.
Con esa confirmación, la causa estuvo en condiciones de ser elevada a juicio oral y público. Sin embargo, cuando el magistrado corrió vista a la UIF y la AFIP, ambos organismos -que son querellantes en la causa- coincidieron en oponerse a la elevación. Sostuvieron entonces que entendían que restaba avanzar respecto de la asociación ilícita, que involucra a los mismos ex funcionarios y que fue denunciada en abril de este año.
Para ambos organismos, las dos denuncias debían ser investigadas en conjunto. El pedido llamó la atención en tribunales, porque las causas ni siquiera están en el mismo juzgado y la nueva presentación puede seguir su curso sin este expediente, que está a un paso del debate tras la confirmación de la Sala II.
Procesado: las razones del juez Casanello para avanzar contra Echegaray
Tras la presentación de los organismos, desde el juzgado explicaron que en esta etapa procesal, cuando el caso está listo para ser elevado, sólo caben dos posibilidades: o se requiere la elevación o se pide el sobreseimiento. Por lo que, ante este escenario, ambos organismos pidieron la elevación, pero la UIF presentó un recurso de apelación recurriendo la decisión de Casanello. Ahora será la Cámara la que deba decidir sobre este punto.
La investigación que dio lugar a los Procesamientos y embargos millonarios
Los procesamientos de Casanello a Echegaray y Toninell -en junio de este año- fue por considerarlos como autor y coautor, respectivamente, de los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionarios públicos. A ambos además les trabó embargos por 70.412.000 de pesos.
El magistrado tuvo por acreditado que ambos habrían obstruido el avance de las fiscalizaciones que, en 2011, se iniciaron en la Regional Bahía Blanca de la AFIP sobre varias firmas proveedoras de Austral Construcciones S.A, radicadas ahí, para evitar investigar a la mayor empresa de Báez, que usaba la facturación apócrifa.
El expediente contra los ex funcionarios de la gestión kirchnerista comenzó tras una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer, quien luego fue aceptada por Casanello como amicus curiae. Stolbizer presentó una serie de notas periodísticas e información de organismos públicos, de los que “se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones S.A. habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos, lo cual le habría permitido a la firma de Lázaro Báez reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
Según el juez, Echegaray y Toninelli habrían obstruido el avance de las fiscalizaciones que, en 2011, se iniciaron en la Regional Bahía Blanca de la AFIP sobre varias firmas proveedoras de Austral Construcciones S.A,
Con el devenir de la investigación se vio cómo se volvió clave el rol de Echegaray y Toninelli para que esas maniobras pudieran ser llevadas a cabo.
A la hora de resolver los procesamientos, se consideró que los exfuncionarios habrían obstruido el avance de las “fiscalizaciones iniciadas entre los meses de mayo y julio del año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A., las cuales al mes de julio del año 2012 presentaban un avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa cuyo beneficiario era, en forma directa o indirecta -dependiendo el caso- la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95%) es Lázaro Antonio Báez”.
En el auto de procesamiento incluso se hizo referencia a que “las irregularidades detectadas con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”, área que desde entonces pasó a pertenecer a Mar del Plata.
Entre las pruebas recabadas se corroboró que incluso el 1º de noviembre de 2012, Toninelli “realizó un viaje en un vuelo privado que compartió junto con su hijo Federico Toninelli y Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando con destino a la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones S.A., retornando al día siguiente”, explica la resolución. Para Casanello, el hecho "deja en evidencia las conexiones entre los Báez y una de las más altas autoridades de la AFIP, cuya función como titular de la DGI era justamente la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de los impuestos nacionales".
