La verdad, 30 años después: un análisis de ADN reveló la identidad de una niña apropiada durante la dictadura

Mediante un análisis de ADN, la Justicia determinó ayer que Evelyn Vázquez es hija de Susana Pegoraro y Rubén Bauer, desaparecidos en 1977, y no del ex marino Policarpio Vázquez y su esposa Ana María Ferra, quienes la habrían adoptado ilegalmente en 1978, informó el diario Página12.

Desde el principio de la investigación, a fines de la década del 90, Evelyn –que hoy tiene 30 años- se niega a extraerse sangre para que ésta “sea usada como prueba” contra sus apropiadores, con quienes mantiene una excelente relación y quienes probablemente reciban una pena a partir del nuevo dato.

Por eso, la muestra que terminó por confirmar su verdadera identidad fue tomada de elementos secuestrados durante un allanamiento de su casa en Mar del Plata, ordenado por la jueza María Servini de Cubría.

El resultado del ADN no es más que una confirmación. En 1999, Policarpio Vázquez –su apropiador- confesó que en 1978, mientras trabajaba en el edificio Libertador, un conocido le contó que “había una criatura para adoptar sin papeles”. Según relató, no tenía idea si los padres de la niña “estaban vivos o desaparecidos” pero de todas maneras decidió adoptarla porque si no “la iban a matar”, recordó Página12.

Fue el 2001 que Evelyn se negó por primera vez a la extracción de sangre. Los fiscales de la causa solicitaron una extracción compulsiva pero la Corte Suprema le dio la razón a la joven y decidió preservar su derecho a la intimidad.

El allanamiento vino años después, cuando el matrimonio de Policarpio Vázquez y su esposa argumentó que la única prueba en su contra era su propia confesión. Fue entonces que Servini de Cubría ordenó la requisa, en la que la Justicia se llevó desde el cepillo de dientes hasta la ropa interior de Evelyn.

El resultado del ADN pone fin a años de duda y confirma lo que Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo desde un principio. Pero además, sienta precedente para otros casos similares: la Corta Suprema se inclinaría por rechazar la extracción compulsiva pero no prohibiría que se utilicen métodos alternativos para conocer la identidad de las personas.