La quita de coparticipación federal por parte del gobierno nacional volvió a colocar a Horacio Rodríguez Larreta en el centro de la escena. Es más: la respuesta al presidente, Alberto Fernández, donde anticipó que recurrirá a la Justicia para frenar la medida midió, entre todos los canales, 36 puntos de rating, algo similar a lo que medían las cadenas nacionales sobre la pandemia.
Cerca del jefe de Gobierno aseguran que no quiere “subirse al ring” pero que la medida erosionó las relaciones con la Nación y que, en todo caso, se aceleró un proceso natural: la disputa electoral que se vendrá en 2021 y, más allá, en las presidenciales de 2023.
El escenario, de todos modos, fue el que soñaba el jefe comunal: el PRO nacional, local y bonaerense, la UCR, la Coalición Cívica, hasta el socialismo y Graciela Ocaña, todos unidos alrededor de su figura que, en un discurso nacionalizado, invitó a “retomar el diálogo” y a generar “medidas con consenso”. Esa nacionalización, un objetivo que tenía para comenzar a transitarlo más adelante, justamente el oficialismo lo adelantó a hoy.
Pero se alinearon “los planetas”: desde Patricia Bullrich, presidenta del PRO (y recuperándose del Coronavirus), hasta los tres gobernadores radicales –Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy)– con quienes habló el jueves por la noche, le dieron su apoyo.
Ese miércoles al mediodía, horas antes del anuncio en Olivos, Diego Santilli había recibido un llamado premonitorio. Fue Elisa Carrió quien le anticipó que el oficialismo iba a ir por los recursos de la Ciudad. Lilita tiene un acuerdo estratégico con Larreta y es una de sus más férreas defensoras. A tal punto que se considera “moderada” pero observa el proceso de radicalización del oficialismo con preocupación. Por ello decidió volver al ruedo.
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Tras la conferencia de prensa del jefe comunal, el viernes la sede gubernamental de la calle Uspallata fue un búnker de catarsis. La mayoría elogió la actitud del jefe comunal, pero también surgió una mirada de preocupación sobre el Presupuesto en ejecución y ya mirando 2021. Un alivio: hace dos meses se aprobó la Ley de Emergencia Económica que permite distribuir partidas.
Como sea, en la primera reunión de gabinete, a media mañana, se realizó una evaluación positiva de la conferencia de prensa y se habló de “reasignaciones presupuestarias”. Arduo trabajo para el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, quien a pesar de ser flamante padre, deberá hurgar como nunca en las arcas de la Ciudad para evitar una suba de impuestos. En esa cumbre, el legislador de la Coalición, Facundo del Gaiso, fue uno de los más críticos del Frente de Todos. Y dejó una frase: “El que depositó Albertos recibe Cristinas”.
Luego Larreta, con Santilli y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, animaron una reunión de gabinete ampliado con más funcionarios y el bloque de legisladores porteños, todos por Zoom. El jefe comunal habló menos de diez minutos y fue, fiel a su estilo, contundente: pidió templanza, les dijo que no era momento de confrontar con la Nación y que la Ciudad debía seguir trabajando, como hasta ahora, tanto con el Presidente y su gabinete como con Axel Kicillof y su staff. “Hay que seguir”, les planteó.
También allí se reiteró una máxima que ya suena en los pasillos: reasignar partidas y acomodar el Presupuesto. Al menos hasta que haya una resolución judicial sobre la medida cautelar para frenar el DNU presidencial. En eso trabaja un equipo de abogados: el procurador, Gabriel Astarloa, el subsecretario de Justicia, Jorge Djivaris, bajo el monitoreo del secretario de Seguridad, quien pasó más de 20 años en Tribunales antes de ser funcionario porteño, Marcelo D’Alessandro.
Antes que el jefe comunal, Santilli planteó, en la misma línea: “No queremos romper, tenemos que mantener el diálogo”. Y puso como ejemplo el trabajo conjunto en seguridad. Por su lado, Miguel les dijo que “esto no va a cambiar nuestra identidad y nuestra vocación de diálogo”. Y agregó que “siempre en la adversidad se demostró el gran equipo que somos”.
Por lo pronto, esa tarde se desactivó una idea que nació en la Legislatura porteña: declarar al Presidente persona “no grata” para la Ciudad. No pasó el filtro larretista.