El caso de Lázaro Báez y la ruta del dinero K es uno de los más importantes que hemos presenciado en la Argentina. No solo ejemplifica el complejo sistema de corrupción en la obra pública y el manto de protección política y judicial que diagramó el kirchnerismo, sino que es la causa que más daño mediático, y quizás económico, puede causarle a Cristina Fernández de Kirchner.
En medio de esta enmarañada causa—completamente embarrada por la mano negra de los (múltiples) servicios de inteligencia—aparece Liliana Costa. Abogada, empleada de la AFIP, y supuesta amante de Lázaro Báez.
Acusada de proteger al dueño de Austral Construcciones y a su familia desde la AFIP, también señalada como socia de él en dos firmas (Misahar y Epsur) que brindan servicios petroleros, y hasta conectada con un célula secreta de investigación dentro de la AFIP de Ricardo Echegaray (y bajo las ordenes de Guillermo Michel), a Costa la sigue la controversia. La acusación más fuerte es la de tener un hijo extra-matrimonial con Lázaro, causando su divorcio.
Costa llegó a PERFIL buscando contar su versión de los hechos. Acosada por periodistas, acusa intimidaciones en su ámbito laboral, amenazas telefónicas y a través de redes sociales. Dice que sufrió un ataque físico cuando, al día siguiente de la detención de Lázaro, dos vehículos la chocaron en la ruta y huyeron.
En el reportaje que firmamos junto a Luis Gasulla, y que salió publicado en la edición dominical de PERFIL, Costa niega las acusaciones y defiende a Lázaro y al clan Báez. Dice que él es solo un eslabón y que el Juez Casanello debería investigar a funcionarios públicos.
Costa, por su cercanía a la familia Báez, por las presiones que está recibiendo, y por las acusaciones en su contra, puede ser una pieza clave en este caso de valor institucional para la República.
