El Gobierno firmará antes del próximo 10 de enero dos decretos de necesidad y urgencia; a través de ellos, suspenderá la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y pasará al mando de la Corte Suprema de Justicia el control de las escuchas judiciales.
Así lo anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, durante un brindis con periodistas que se celebró en la sede de dicha cartera, según informó la agencia DyN.
Además, insistió en que deberían "dar un paso al costado" aquellos "protagonistas" judiciales que "quedaron muy comprometidos" políticamente. Sin mencionar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la incluyó en este pedido e invitó a otros a sumarse.
"Esperamos que muchos de los jueces, fiscales, procuradores que han tenido un protagonismo excesivo y que han sido muy cuestionados, y que quedaron muy comprometidos, den un paso al costado", ratificó Garavano.
El funcionario confirmó las informaciones que habían circulado el último fin de semana sobre el pase de las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema. Las mismas dependían de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota"; pero a mediados de año, con la reforma de la central de espías bajo el nombre de AFI (Agencia Federal de Inteligencia), quedó en manos de una repartición de la Procuración de Gils Carbó.
Ahora, el Gobierno pondrá las escuchas judiciales bajo la órbita de la Corte Suprema. Argumentan que existía un "peligro" de derechos que pudiera verse afectado, ya que una de las partes de un investigación judicial (la fiscalía) tenía el control sobre estas pruebas.
"Se traspasarán todas las oficinas a la Corte. Debería ser un equipo técnico, muy aséptico, respetuoso de las garantías y que se ocupe de estas cuestiones", señaló Garavano tras precisar que le anticiparon la decisión al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
