• Lo cierto es que cuatro reparticiones oficiales participaron de la creación del proyecto, la financiación y los controles de la obra de ampliación del Gasoducto Norte. Ellas son las secretarías de Energía y Obras Públicas, el ENARGAS y Nación Fideicomisos.
• Según Alberto Fernández "el gobierno nacional no tuvo absolutamente nada que ver" con los "presupuestos de las obras" y agregó que el ENARGAS "no supervisa los contenidos contractuales entre TGN y sus contratistas sino solamente que las plantas sirvan técnicamente". Falso: al menos en nueve oportunidades, entre reuniones y cruces de notas, ese organismo intervino en la discusión presupuestaria de las obras investigadas por la Justicia.
• El jefe de Gabinete admitió que TGN le advirtió al ENARGAS que había diferencias de hasta 152 por ciento entre los presupuestos iniciales y los propuestos por las empresas que concursaron para realizar las obras. Pero omitió informar que fue ese organismo el que ordenó contratar los trabajos con sobreprecios.
• Tampoco informó Fernández que en esa misma nota donde se habla de los precios abultados, T GN denunció que dos empresas, Austral (del empresario ultra K Lázaro Báez) y Peitel, habían ofertado presupuestos idénticos por una de las obras. Ninguno de los funcionarios que recibieron la carta hizo la denuncia por presunta "cartelización" de la licitación.
• "Nadie detectó absolutamente nada de parte del gobierno nacional", insistió Fernández. Falso: la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio, controlada por el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, utilizó facturas de la empresa fantasma Caliban-Infiniti, al igual que Skanksa, y está siendo investigada por evasión tributaria.