Familiares de víctimas de la tragedia de Once pidieron hoy que se cite a indagatoria al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como acusado de violación de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, descarrilamiento agravado por lesiones y muerte, y defraudación contra la administración pública.
En tanto, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex jefe de Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Claudio Cirigliano y el resto de los imputados apelaron hoy los procesamientos que el viernes les dictó el juez Claudio Bonadío, informaron a DyN fuentes judiciales.
"Solicito que la Excma. Cámara inste al Juez de grado a que se pronuncie en tal sentido bajo apercibimiento de considerarlo incurso en denegación y retardo de justicia", sostuvo el abogado Gregorio Dalbón, querellante en la causa en representación de la mayor cantidad de víctimas, para pedirle a la Cámara Federal la indagatoria de De Vido.
De Vido es jefe del ministerio de Planificación, del que dependía la secretaría de Transporte, y las víctimas lo denunciaron meses atrás para que sea investigado por la tragedia del 22 de febrero, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y provocó 51 muertos y 789 heridos.
Dalbón también apeló el sobreseimiento dictado por Bonadío del maquinista que manejaba el tren, Marcos Antonio Córdoda, del ex jefe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Eduardo Sícaro y del ex asesor administrativo financiero de TBA Antonio Cirigliano, lo mismo que había hecho el lunes el fiscal Federico Delgado.
Además, pidió a la Cámara que eleve el embargo de 600 millones de pesos sobre los 20 ex directivos de TBA procesados y que a Jaime, Schiavi, al ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y al ex jefe de la CNRT Pedro Ochoa se les agreve su procesamiento por los delitos de asociación ilícita, descarrilamiento agravado por lesiones y muerte, y defraudación en perjuicio de la administración pública.
Esos ex funcionarios fueron procesados por el juez por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber controlado el mal funcionamiento de TBA en la línea Sarmiento.
En sus apelaciones, Schiavi y Jaime coincidieron en señalar que la secretaría de Transporte no tenía la función de controlar el sistema ferroviario, ya que esa tarea correspondía a la CNRT.
Andrés Marutián, abogado de Jaime, calificó de "erróneas" las imputaciones del juez y agregó que el ex funcionario "abandonó la función pública más de dos años y medio antes de que ocurriera el trágico accidente" y "el antiguo Ferrocarril Sarmiento (concesionado a TBA) no tuvo los inconvenientes que sí tuvieron lugar con posterioridad a su gestión".
El abogado de los empresarios, Juan José Sforza, sostuvo que el tren "tenía capacidad de frenado", por lo que no son responsables de la tragedia, y que el juez "no explica el motivo por el cual atribuye la supuesta falta de mantenimiento al dinero que TBA abonara a las sociedades vinculadas".
Los empresarios y Schiavi criticaron en sus apelaciones a Bonadío, porque sostienen que rechazó las medidas de prueba solicitadas y no rebatió sus defensas.
El juez consideró en los procesamientos que la tragedia ocurrió por una "trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas".
A los empresarios les achacó la escasa inversión en el servicicio y que constituyeron una asociación ilícita a través de una "cadena de la felicidad" por la cual derivaban el dinero de los subsidios a empresas del Grupo Cirigliano.
Bonadío sostuvo que el deterioro del servicio "sólo fue posible por la inacción parcial de los organismos de control y los funcionarios".
