La idea era construir 350 casas para víctimas del alud en Tartagal, Salta. Era una de las obras prometidas por Sueños Compartidos, la fundación de Madres de Plaza de Mayo, que manejaba Sergio Schoklender. Pero las obras nunca se hicieron, se pagó la mitad de lo acordado por el terreno y nadie sabe a donde terminaron esos 47 millones de pesos.
La historia. El 17 de febrero de 2009 se firmó un convenio en Buenos Aires para la construcción de las viviendas. Al acuerdo lo rubricaron el intendente Sergio Napoleón Leavy y Madres de Plaza de Mayo. La gestión para ese acercamiento la hizo el diputado nacional José Vilariño, quien ese mismo día aseguró: "Esta semana comenzarán las obras en un primer módulo utilizando tecnología italiana de alta calidad de construcción y ejecución”.
Con esa firma viajó Schoklender en avión de Meldorek a Tartagal el 25 de febrero. Además de las viviendas, llevaba la promesa de un hospital, que hoy está vacío, tal como anticipó Perfil.com. Una vez allí, el exapoderado de Madres fue a la inmobiliaria Rivadavia y obtuvo 10 hectáreas de la firma Guanini, en presencia del intendente. Schoklender llevaba efectivo. Y mucho. Entregó ahí 80 mil pesos como parte de los 500 mil del total del terreno. Además entregó 20 mil para señar otras 10 hectáreas. En marzo se depositó 170 mil pesos más. Luego no aportaron un solo centavo. Aún debe 250 mil pesos de los terrenos y el honorario inmobiliario, por 12.500 pesos (pagó 6.250).
En febrero de 2010, el Concejo Deliberante de Tartagal aprobó el proyecto para la construcción de las casas. El plano los hizo la Municipalidad, según denunció el abogado Sergio Heredia, quien habló con Perfil.com del tema: "El Concejo lo autorizó pero no se hicieron. En el contrato figura que la coordinacion del proyecto la haria Guillermo Avellaneda, funcionario del Ministerio Desarrollo Humano del gobierno de Salta"
Avellaneda es representante salteño del Movimiento Nacional y Popular 25 de Mayo, de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y su esposo Ricardo “Pacha” Velazco. En aquel momento, Miceli era quien llevaba las cuentas de la fundación y debía "sanearlas". Desde el Ministerio explicaron que el organismo nada tuvo que ver en la fiscalización de las obras. Este portal intentó ubicar a Avellaneda pero no estaba en la oficina.
La denuncia. Heredia se presentó a la Justicia el 14 de junio. Allí denunció a Schoklender y a Leavy por estas irregularidades. Hoy se presentó para ampliar la denuncia y pidió investigar los ediles que aprobaron liberar estos fondos. "No tengo dudas que acá hubo sobornos y corrupción", señaló Heredia a este portal. Lo cierto es que las casas no se hicieron. Y los fondos desaparecieron.
(*) De la redacción de Perfil.com.
