martes 22 de junio de 2021
POLITICA LOS HOTELES Y LA CAUSA DE PRESUNTO LAVADO
16-08-2015 11:00

Las pruebas que demuestran que Máximo controlaba Hotesur SA

Por Emilia Delfino | Un acta de una asamblea de accionistas de la empresa de los Kirchner revela que el hijo de CFK tomaba todas las decisiones.

16-08-2015 11:00

El 26 de marzo de 2014, los accionistas de Hotesur se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires a las 11. El encuentro duró una hora y media. Néstor Kirchner, ya fallecido, había sido el dueño del 98% de Hotesur, la empresa propietaria de los hoteles de la familia presidencial en El Calafate. El titular del otro 2% restante nunca se dio a conocer. En el acta que tenía en su poder el juez Claudio Bonadio una sola persona se presenta en nombre de los accionistas: Máximo Kirchner.

El hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en asamblea consigo mismo representando a las dos partes: “por sí mismo” y “como Administrador Judicial de la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner”. Entonces, la sucesión de bienes no había concluido.

El acta a la que accedió PERFIL y que se muestra por primera vez está en el expediente contra Hotesur y era uno de los documentos que entusiasmaba al juez Claudio Bonadio –enfrentado al Gobierno– cuando se regodeaba con la posibilidad certera de citar a indagatoria al hijo de la Presidenta, ahora candidato de diputado nacional por Santa Cruz. Tendría fueros a partir de diciembre.

No es el único documento que comprometió a Máximo en la causa y que podría demostrar que tras la muerte de Kirchner es uno de los responsable de los supuestos delitos que van desde irregularidades administrativas a presunto lavado de dinero.

En la causa también consta un informe del Banco Santa Cruz sobre Hotesur. La empresa de los Kirchner tiene sólo una cuenta corriente en pesos activa en esa banca. Los apoderados de la cuenta son Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, socio del hijo presidencial en la inmobiliaria, y titular de Idea SA, la empresa que contrata Hotesur para gerenciar sus hoteles. El gerenciador tiene acceso a la cuenta bancaria y al manejo de fondos de la empresa que lo contrata para administrar sus hoteles. Llamativo.

Yo, mi socio. En el acta de asamblea no surge la presencia ni la mención a ningún otro accionista que no sea Máximo y el administrador judicial de la sucesión de Néstor Kirchner –que es también el hijo del ex presidente–. El acta es clara: se reúnen sólo Máximo, en representación del 98% de las acciones de su padre, y Máximo, en representación de sí mismo. Fuentes de la causa creen que podría ser el dueño del 2% restante de las acciones.

Ese 26 de marzo de 2014, Máximo, como único accionista en la asamblea, resolvió que la presidenta del directorio de Hotesur sea su prima Romina Mercado. “Por los accionistas clase A”, designó nuevamente a Mercado como directora titular y a Carlos Alberto Sancho –otro socio de la familia– como director suplente. “Por los accionistas clase B” designó a su tía materna, Gisele Fernández; y a su hermana, Florencia Kirchner, como directora suplente. “Por los accionistas clase C”, nombró a su esposa, Rocío García, como directora titular, y a sí mismo como director suplente. La fecha del acta está en duda para la Justicia porque estas modificaciones fueron publicadas recién en diciembre de 2014, cuando estalló el escándalo. Además, Máximo aparece en un documento de la compañía aprobando los balances contables de 2009-2010.

La diputada y candidata a la Presidencia Margarita Stolbizer inició la causa contra Hotesur, pero el juez Daniel Rafecas le negó ser querellante. Su abogada Silvina Martínez apelará esa decisión en los próximos días con la mira puesta en el destino del expediente. “Mi opinión sobre el futuro de esta causa es francamente negativa”, dijo ayer el fiscal Germán Moldes, quien deberá dictaminar si la causa debe permanecer en Capital Federal o ser enviada a Río Gallegos, como pretenden los Kirchner. Moldes pediría que la causa quede en el juzgado de Rafecas, que el viernes validó toda la prueba recolectada por Bonadio, pero cree que la Cámara Federal porteña tiene otros planes. La decisión final llegaría en un mes.

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