Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballesteros de la Sala I de la Cámara Federal declararon nulos los procesamientos por asociación ilícita contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y apartaron de la causa al juez Norberto Oyarbide con duras críticas a su proceder.
En la pesquisa se investigaba el desvío de fondos millonarios de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. Las obras de llevaban a cabo a través de Meldorek, la empresa constructora de Sergio Shoklender, en presunta connivencia con su hermano Pablo, apoderado de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Si bien los hermanos Schoklender a través de sus defensas manifestaron en varias oportunidades “animosidad manifiesta” por parte de Oyarbide hacia ellos, es ahora cuando los camaristas opinaron.
Con duras críticas a Oyarbide, los jueces de la Cámara resolvieron que asuma la instrucción el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, quien tiene otra investigación a cargo relacionada por los fondos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas. Dicha investigación se encontraría avanzada y cuenta con una pericia solicitada a la Auditoría General de la Nación en la que se detallaría el presunto incumplimiento de intendentes bonaerenses y de otras regiones del país, la que también destacan los jueces revisores.
En términos técnicos y jurídicos, los fallos del Tribunal dejan en claro que no están de acuerdo con la labor llevada a cabo por Oyarbide y dejan traslucir cierta subjetividad del magistrado contra los Schoklender al haber llevado a cabo una imputación genérica hacia todos los acusados, contraria a lo establecido en el Código Procesal Penal y las garantías constitucionales del debido proceso.
Los abogados defensores de Sergio y Pablo Schoklender, Perla Martínez y Pablo Slominsky, respectivamente, plantearon el agravio de “litispendencia”. En otras palabras, señalaron la existencia de otra causa que investigaba el mismo objeto procesal, conexión “subjetiva-objetiva”, requerida por la norma para llevar adelante una investigación.
La Cámara les da la razón a los defensores en resguardo de la garantía del debido proceso judicial y para evitar que se vulnere el principio procesal “non bis in idem”, por el que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa u objeto.
Para los camaristas Farah y Ballesteros, el juez Oyarbide citó a indagatoria con una “indeterminación” en la acusación a tal punto que “carece de las precisiones necesarias en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían” ocurrido los delitos, sin lograr develar “cuánto dinero habría recibido la Fundación, qué parte del mismo habría sido desviado ni se ha especificado cuál ha sido su destino final, ni las financieras o empresas involucradas ni la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita”.
Al anular el procesamiento por vicios en el proceso, los jueces oblligan a “retrotraer el proceso a los estadios previos, con el compromiso a la necesidad de una pronta y eficaz administración de justicia”.
Fueron anulados las indagatorias de los Schoklender, del contador Alejandro Abraham Gotkin; del piloto aéreo Gustavo Serventich; y otras 60 personas.
Críticas. Los jueces critican a Oyarbide y detallan: “Advertimos que los objetos procesales no son sino dos caras de una misma moneda, circunstancia que torna necesaria su investigación bajo la órbita de un solo magistrado, a fin de evitar una persecución penal múltiple prohibida por el ordenamiento legal”.
Los jueces decidieron “a efectos de que la investigación abarque el derrotero de los fondos públicos comprometidos y pueda así comprobar o descartar su espuria utilización en el menor lapso posible”.
Además, resaltan la conveniencia de analizar la “posible responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en las correspondientes contrataciones y que debían controlar la ejecución de las obras encomendadas a la Fundación”.
Asimismo, destacan el informe emitido por el Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en el cual se explicitó la modalidad de pago de conformidad con la cual el Estado Nacional aportó dinero a la Fundación para la construcción de viviendas sociales en distintas localidades del país.
Para los jueces, si bien se abonaba un anticipo de obra del 15% al inicio de la misma, el resto de los fondos eran habilitados contra la entrega de los certificados de avance de obra, que eran controlados por los funcionarios municipales correspondientes.
Destacan también el informe de la Auditoría General de la Nación llevado a cabo ante el Juzgado Federal Nº 8 - a cargo de Martínez de Giorgi- de donde surgen hechos y pruebas contundentes, como copias de convenios celebrados entre la Fundación y las distintas jurisdicciones donde se llevaron a cabo las obras, como también documentación bancaria vinculada con las cuentas en las que se recibieron fondos estatales.
“Se advirtieron serias irregularidades en el control y seguimiento de las obras por parte de distintos funcionarios públicos que tenían a cargo su contralor, como así también en las adjudicaciones directas de las mismas...”, advirtió la AGN.
Imparcial. En varias oportunidades, Sergio Shoklender había denunciado ante la Justicia y la prensa la supuesta “animosidad del juez Oyarbide contra los hermanos” e incluso llegó a acusarlo de ser “cómplice del poder para encubrir causas sensibles”. En esto fundó sus pedidos de recusación contra el
magistrado por “animosidad manifiesta”
.
La investigación involucró a varias personas, entre ellas, a Alejandra Bonafini, la hija de la titular de Madres, pero fue sobreseída con falta de mérito.
En tanto, Hebe, fue llamada a declarar como testigo por el juez Oyarbide y, pese las pruebas en su contra, por haber avalado el accionar de los apoderados de la Fundación, nunca fue investigada, según denunciaron a Perfil.com fuentes con acceso al expediente.
Los hermanos estuvieron detenidos en dos ocasiones porque para Oyarbide obstaculizaban la investigación. Embas circunstancias, la Cámara decidió la excarcelación. Hoy, la causa vuelve a foja cero. Otra señal en contra para el Gobierno ante el avance contra la Justicia.
(*) Especial para Perfil.com
