El futuro de Lázaro Báez es por estas horas, aún incierto. Tras ser beneficiado con la prisión domiciliaria ayer y volver a la cárcel a las pocas horas, luego de no poder ingresar a Ayres de Pilar, el barrio cerrado en el que fijó domicilio, el empresario espera nuevas definiciones.
Esta mañana su defensa, encabezada por Juan Martín Villanueva y Elizabeth Gasaro, estuvo reunida durante media hora, vía zoom, con los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que lleva adelante el juicio por la denominada "Ruta del dinero K" y con el fiscal del debate, Abel Córdoba. Allí la dupla de abogados los pusieron al tanto de los hechos ocurridos en la noche de ayer, en la entrada del barrio privado, en el que los vecinos rechazaron el ingreso del empresario acusado, entre otros delitos de lavado de dinero.
La situación de Báez es completamente excepcional. Distintas fuentes del mundo judicial y penitenciario consultados por PERFIL, no recordaban casos en los que un preso debiera volver a su celda tras haberla dejado, por una protesta vecinal. En tanto que cerca de Báez miraban con desconfianza lo sucedido ayer.
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Según evaluó Villanueva a este diario, la protesta de ayer parecía "armada". Villanueva y Gasaro iban en un auto detrás de las camionetas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) encargado del traslado de Báez. Uno de esos vehículos usados en el traslado sufrió una rotura, por el golpe de un vecino, y por ese motivo la comitiva debió hacer una parada en su camino de vuelta a Ezeiza, en la cárcel de Devoto, para cambiar el móvil.
Lo que sucederá en las próximas horas con Lázaro por ahora está en manos del SPF, dependiente del Ministerio de Justicia, que será el encargado de volver a sacar al empresario del penal y llevarlo a un domicilio particular para que cumpla allí su arresto. Por estas horas, desde la defensa de Báez insisten en que el único domicilio al que el empresario puede ir es al de Ayres de Pilar, en tanto que en la justicia reina un fuerte hermetismo. Nadie parece querer pagar con más costos de los que ya a esta altura se acumularon en el caso. El SPF está en contacto con el TOF y allí informarán los pasos a seguir. Desde la justicia por ahora eligen la fórmula: "sin novedades", para referirse al tema.
Los jueces del TOF -Daniel Obligado, Néstor Costabel y Jorge Gorini- cuando ayer firmaron la domiciliaria a instancias de la Cámara Federal de Casación dejaron en claro que no estaban de acuerdo con lo decidido. "En base a las interpretaciones efectuadas por esa Sala, es que no existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada", sostuvieron.
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Detenido desde el 5 de abril de 2016, Báez lleva más de cuatro años y cinco meses de prisión preventiva, sin que la justicia haya llegado a dar un veredicto en la "Ruta del dinero K", el primero de los casos en su contra en llegar a juicio. El debate comenzó en abril de 2013, tres años después sumó la detención de Báez, en diciembre de 2016 fue elevado a juicio oral el primer tramo. El debate empezó en octubre de 2018, a razón de una audiencia diaria, lo que llevó que a casi dos años de comenzado recién atraviese la etapa de alegatos.
En tanto que en Obra Pública, en el que comparte banquillo con Cristina Kirchner, recién comenzó a ser juzgado en mayo de 2019. Ese debate está actualmente en etapa de declaraciones testimoniales e incluso la audiencia de hoy se demoró porque el abogado de Báez y el juez Jorge Gorini, estaban en el zoom por los incidentes de anoche.
Báez tiene además un complejo escenario judicial que además de estas dos causas suma el caso de Hotesur también elevado a juicio, aunque sin fecha de inicio, así como enfrenta investigaciones en el fuero Penal Económico, por delitos como evasión fiscal y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
