La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, suspendió por "mal desempeño" al fiscal nacional José María Campagnoli y abrió un juicio político contra él. Campagnoli investigó la red de firmas del empresario Lázaro Báez a partir de la causa por "extorsiones" que Federico Elaskar realizó contra él, en la que se lo vinculó a operaciones de lavado de dinero.
Campagnoli enfureció a la Rosada al apuntar a los Kirchner por sus vínculos con Lázaro Báez, investigó la red mundial de firmas de Helvetic Group (dueña de SGI, exfinanciera de Elaskar) y también denunció que la AFIP, la IGJ y la Dirección de Migraciones le negaron información sobre los movimientos del empresario K.
El 22 de octubre, la Cámara Federal ordenó que la causa por el traspaso "extorsivo" de la financiera SGI saliera del fuero ordinario de la Capital Federal y se unificara con la causa 'madre' de lavado dinero, en los tribunales federales, que lleva el juez Sebastián Casanello.
Ahora se espera que la Cámara de Casación -el mayor tribunal penal del país- ratifique ese fallo u ordene que esa causa vuelva a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Por qué. El Consejo Evaluador de la Procuración General sentenció que "Campagnoli habría intentado incidir en el objeto de la investigación radicada ante el fuero federal mediante la adulteración del objeto procesal de la causa que instruía ante el fuero federal".
También cuestionaron sus declaraciones a los medios de comunicación, en especial a Periodismo para Todos (PPT), de Jorge Lanata, en el cual Campagnoli habló del emporio de Báez.
Los abogados de Lázaro Báez denunciaron a Campagnoli ante la Justicia y en el Ministerio Público Fiscal por supuestamente investigar, desde su fiscalía porteña ordinaria, las ramificaciones de las extorsiones que Federico Elaskar denunció contra Báez y también por revelar "secretos" de cómo se vendió de forma irregular SGI, "La Rosadita".
"Se reprocha al fiscal haber transformado el objeto procesal de esa causa y no haberla investigado debidamente; haber incurrido en abuso de poder al haber tramitado esta causa a sabiendas de que se trata de una investigación paralela a la que se llevaba en el fuero federal (...) o haber facilitado las condiciones para la divulgación de información que debía permanecer reservada", señaló el dictamen firmado por Gils Carbó.
"El magistrado adoptó una conducta carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación", consideró la procuradora.
