La causa que compromete al juez federal Norberto Oyarbide tendrá sus primeras tres indagatorias a fines de octubre. El juez federal Luis Rodríguez citó a tres miembros de la Policía Federal a rendir explicaciones sobre el allanamiento en la financiera de Guillermo Greppi que levantaron luego de una contraorden de Oyarbide. El magistrado había recibido un llamado del número dos de Carlos Zannini, Carlos Liuzzi, y decidió levantar el procedimiento que él mismo había ordenado.
Un oficial de Inteligencia y dos miembros de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) de la fuerza son los primeros imputados que desfilarán por el juzgado federal de Rodríguez, quien investiga por qué los policías suspendieron el allanamiento a la financiera Propyme el 19 de diciembre pasado y no dejaron constancia del llamado de Oyarbide. Greppi y su abogado, Fernando Torres, declararon que los subcomisarios Angel Castro y Fabio Ascona intentaron coimearlos en nombre de “Su Señoría” y el secretario y mano derecha de Oyarbide, Carlos Leiva. Como se negaron, la policía procedió con el allanamiento. Pero no contaban con que Greppi es amigo de Liuzzi. Y que Liuzzi tiene llegada a Oyarbide.
Los oficiales Gustavo Villagra, César Hugo Ceballos y Juan Ignacio Saizar quedaron imputados porque participaron del allanamiento y realizaron el acta policial por la cual se dejó sin efecto el procedimiento. Según el acta, no encontraron lo que buscaban. Pero el juez Rodríguez tiene en su poder los videos de las cámaras de seguridad de la financiera donde se observa cómo los policías habían comenzado a bajar información de las computadoras de la empresa y cómo Saizar había tenido que detener a un empleado que se escapaba con biblioratos repletos de documentación de la financiera. El juez quiere saber por qué nada de eso se reflejó en el acta. Para Rodríguez, los videos reflejan irregularidades claras. Habían empezado el allanamiento hasta que recibieron el llamado de Leiva y todo volvió a foja cero.
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Greppi y su abogado denunciaron que durante el allanamiento el subcomisario que se identificó como Angel pidió $ 2,5 millones para frenar una investigación del juzgado de Oyarbide. Liuzzi, Oyarbide y Leiva también son investigados en esta causa. Además, Rodríguez investiga a Liuzzi por supuesto enriquecimiento ilícito. El funcionario había sido sobreseído por Oyarbide, quien ni siquiera pidió sus declaraciones juradas. Después del escándalo por el allanamiento, le quitaron la causa y se la asignaron a su colega.
