Lo habían denunciado por aliarse a un partido que reivindica el terrorismo de Estado

La denuncia que involucró al kirchnerista Jorge Alperovich en su intento por obtener su reelección como gobernador tucumano en las elecciones que se celebran el próximo domingo, trascendió esta mañana. En su sector del Frente para la Victoria suma numerosos agrupamientos provinciales, entre los que se cuenta la Lista 185 "Reivindicación Histórica y Social". Ocurre que los miembros de esa agrupación, se proclaman como “Ex Combatientes del Operativo Independencia” y reivindican la represión ilegal cometida durante la dictadura.

La agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de Tucumán denunció a Alperovich por "hacer alianzas políticas con quienes ayer formaron parte del aparato terrorista del Estado" y por " reprimir la protesta social".

"¿Cómo es posible que mientras se proclama como política de Estado el respeto a los Derechos Humanos y el enjuiciamiento y condena al Terrorismo de Estado den cobijo en los acoples eleccionarios a quienes en realidad deberían brindar a la justicia testimonio de lo que presenciaron y actuaron durante la vigencia de tan aberrantes crímenes?", se preguntaron los hijos de detenidos desaparecidos, en un comunicado que firman junto a los estudiantes de la Organización Independiente El Andamio – Avalancha NORTE .

La lista 185 presentará sus propios candidatos a legisladores, intendentes y a concejales, pero apoya la postulación de Alperovich, al igual que otros 22 agrupamientos provinciales.

El Operativo Independencia comenzó en la provincia de Tucumán en el mes de febrero de 1975, a partir del decreto secreto 261/75 firmado por Estela Martínez de Perón en su carácter de Presidenta de la Nación, con el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

 "El Ejército Argentino, ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego se extendió al resto del país", recordaron los miembros de HIJOS.

Durante el operativo, los militares tuvieron "subordinadas a sus órdenes al resto de las Fuerzas de Seguridad tanto provinciales como nacionales: Policía Provincial y Federal, Servicio Penitenciario y Gendarmería Nacional", indicaron.

"Se ejecutó una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas", selañaron.

En Tucumán la represión fue particularmente dura. Allí funcionó el primer Centro Clandestino de Detención del país: “La Escuelita de Famaillá” que funcionó en la ciudad Famaillá.

"Los principales responsables de la comisión de estos Crímenes de Lesa Humanidad fueron Acdel E. Vilas en primer lugar y Antonio Domingo Bussi, en su carácter de sucesivos jefes a cargo de dicho operativo", rememoraron los miembros de HIJOS.

La agrupación de derechos humanos señaló que " es totalmente falaz y pretende confundir a la opinión pública que quienes hubieren estado en las filas del Ejército, ya sea voluntariamente o por encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, durante el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976, se llamen a sí mismos ex combatientes".

"El Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en este periodo y en la posterior Dictadura Militar (1976- 1983), no constituyó de ninguna manera una guerra, sino un sistema perfectamente elaborado de comisión de delitos, y fue la excusa para iniciar el aniquilamiento de una parte sustancial de la población argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio", subrayaron.

Criticaron al Gobierno nacional porque "proclama a todas voces su política de Derechos Humanos y con un doble discurso asegura que está dispuesto a reparar a las víctimas del terrorismo de estado con la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad mientras al mismo tiempo reprime y criminaliza la protesta social".

Luego, apuntaron contra el gobernador. "José Alperovich sigue siendo coherente con su política represiva dándole amparo entre sus filas a quienes directa o indirectamente reivindican el Terrorismo de Estado y estos crímenes de lesa humanidad".

"En la provincia se hace nuevamente presente la represión de las legítimas protestas de jubilados y organizaciones sociales, prohibición a los vendedores ambulantes y artistas callejeros a ejercer su legítimo derecho a trabajar en la calle… ahora hace alianzas políticas con quienes ayer formaron parte del aparato Terrorista del Estado y hoy, después de más de 30 años, siguen levantando consignas reivindicativas de sus delitos", finalizaron.