El Estado es uno de los acreedores de Correo, pero hay al menos otros 354 representados en el expediente a través de apoderados. Se trata de empresas e individuos. Desde aerolíneas hasta proveedores de la época en que estaba en manos del Grupo Macri. También figura la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors.
Los apoderados de estos acreedores particulares son 14 abogados, de los cuales solo dos no están vinculados a quienes administran Correo, según surge del expediente. Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo. Pero al mismo tiempo figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010. Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores.
En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º F). Otros dos están vinculados al estudio Kleidermacher y otros tres, al estudio Tonelli.
El estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, representa a Correo desde hace años. Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011. Antes era director titular. Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo, según consta en la causa.
PERFIL consultó a dos académicos expertos en concursos y quiebras. Ambos ejercen la profesión desde hace más de treinta años, y han estudiado y analizado cientos de casos como el de Correo. Para garantizar la objetividad de sus opiniones, este diario planteó el caso sin identificar a los actores. Los expertos –que no son identificados porque no sabían de qué caso se trataba– coincidieron en que la situación implicaba estar “de los dos lados del mostrador”. “No lo vi en treinta años de experiencia”, agregó uno de ellos. “No es una situación regular. Es el trabajo de los síndicos detectar este tipo de situaciones y llamar la atención del juzgado que interviene”, agregó el segundo. Varios de los síndicos tendrían vínculos con Correo, según sostuvo la fiscal Gabriela Boquin. Por ejemplo, comparten abogados con la compañía.
Este medio se comunicó con los tres estudios que tienen abogados de un lado y de otro, pero en ningún caso quisieron explicar la situación. Tampoco quiso hacer declaraciones la jueza del caso, Marta Cirulli. Voceros del diputado Tonelli aclararon que el estudio representa a Correo en el concurso de acreedores pero que él está desvinculado desde que asumió en la función pública. No hizo aclaraciones sobre si representar al mismo tiempo a los acreedores y a la deudora podría implicar una irregularidad. En su última declaración jurada, Tonelli manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección. Ante la consulta, cerca del diputado dijeron que es una “sociedad disuelta hace años”.
Tonelli defiende el acuerdo que el Gobierno quiso cerrar con Correo pero que debió volver a foja cero tras el escándalo. Entonces, el diputado dijo que el acuerdo no favorecía a la empresa de la familia Macri. “No hay ninguna quita del 98%, acá la quita es cero”.
Los apoderados de estos acreedores particulares son 14 abogados, de los cuales solo dos no están vinculados a quienes administran Correo, según surge del expediente. Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo. Pero al mismo tiempo figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010. Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores.
En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º F). Otros dos están vinculados al estudio Kleidermacher y otros tres, al estudio Tonelli.
El estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, representa a Correo desde hace años. Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011. Antes era director titular. Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo, según consta en la causa.
PERFIL consultó a dos académicos expertos en concursos y quiebras. Ambos ejercen la profesión desde hace más de treinta años, y han estudiado y analizado cientos de casos como el de Correo. Para garantizar la objetividad de sus opiniones, este diario planteó el caso sin identificar a los actores. Los expertos –que no son identificados porque no sabían de qué caso se trataba– coincidieron en que la situación implicaba estar “de los dos lados del mostrador”. “No lo vi en treinta años de experiencia”, agregó uno de ellos. “No es una situación regular. Es el trabajo de los síndicos detectar este tipo de situaciones y llamar la atención del juzgado que interviene”, agregó el segundo. Varios de los síndicos tendrían vínculos con Correo, según sostuvo la fiscal Gabriela Boquin. Por ejemplo, comparten abogados con la compañía.
Este medio se comunicó con los tres estudios que tienen abogados de un lado y de otro, pero en ningún caso quisieron explicar la situación. Tampoco quiso hacer declaraciones la jueza del caso, Marta Cirulli. Voceros del diputado Tonelli aclararon que el estudio representa a Correo en el concurso de acreedores pero que él está desvinculado desde que asumió en la función pública. No hizo aclaraciones sobre si representar al mismo tiempo a los acreedores y a la deudora podría implicar una irregularidad. En su última declaración jurada, Tonelli manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección. Ante la consulta, cerca del diputado dijeron que es una “sociedad disuelta hace años”.
Tonelli defiende el acuerdo que el Gobierno quiso cerrar con Correo pero que debió volver a foja cero tras el escándalo. Entonces, el diputado dijo que el acuerdo no favorecía a la empresa de la familia Macri. “No hay ninguna quita del 98%, acá la quita es cero”.
