La crisis energética no sólo potenció el malhumor social. También desencadenó un intenso enfrentamiento dentro del Gobierno y puso nuevamente en el foco de los cuestionamientos a la gestión de Julio De Vido, ministro de Planificación, quien quedó en la mira de la presidenta Cristina Kirchner.
A dos días de que termine el año, el kirchnerismo cierra el 2013 con un efecto inesperado: que la aceptación de su gestión dependa del pronóstico del clima. No se trata de una metáfora, es la opinión que repiten diversos funcionarios del Gobierno: “el malhumor social no va a bajar hasta que baje la temperatura o la gente se vaya de vacaciones”, se resigna un funcionario.
Pero a la hora de buscar responsabilidades para una de las peores semanas del Gobierno, diversos funcionarios comparten el diagnósticos sobre la causa. Son cada vez más los que apuntan a Julio De Vido. Lo acusan de una paradoja: a pesar de liderar una cartera que debe tejer políticas que garanticen que los servicios básicos no se interrumplan, sobre él depositan la culpa de haber desencadenado –a través de la falta de controles a las empresas que distribuyen la energía– uno de las mayores crisis políticas dentro del kirchnerismo en todo el año.
Es que, por ejemplo, el Gobierno esperaba desde hace meses que hacia el 20 de diciembre se desencadenen saqueos en el conurbano y en la Ciudad, que se lograron contener con la articulación de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Pero eran pocos los que se imaginaban un cuadro de situación de tanto desgaste político en la última semana del año por la falta del suministro.
El viernes a la noche se vivió uno de los momentos de mayor tensión. Hacia las 23 sumaban 65 cortes de calles –no organizados– en toda la ciudad (también en la General Paz, Dellepiane, Puente Alsina y au 25 de Mayo) con más de 30 mil hogares sin suministro, según información oficial. Aunque fuentes del Gobierno porteño aseguran que los cortes ascienden, como mínimo, a los cien mil hogares. “Todo esto que está pasando te pone en las puertas de un conflicto que nunca sabés como termina”, se preocupa un Secretario que entiende que en los “piquetes” masivos de vecinos son la más cruda prueba de que la imagen de gestión K se desgasta cada vez más.
“Acá todos sabemos que De Vido no controló a las empresas como debe ser y nos generó una nueva crisis. Parece que esto nunca se termina”, se enoja otro funcionario que, precisamente, no es de sus históricos enemigos.
No ayudó esta semana a aplacar el clima de conflictividad que Cristina Kirchner sólo haya decidido pronunciarse para desmentir que será candidata en 2015, es decir, para desmentir a uno de sus propios diputados, Carlos Kunkel.
Pero a pesar de la aparente escisión entre su discurso y los verdaderos problemas de miles de vecinos, la primera mandataria está cada día más “conectada” con la gestión y sigue muy de cerca los pasos de sus ministros y funcionarios clave. Coinciden dentro del Gobierno que los llamados desde El Calafate son cada vez más asiduos.
Todavía instalada en sur para pasar el fin de año con su familia, la Presidenta llama varias veces por día a los “titulares” de su administración. Habla regularmente con Axel Kicillof, ministro de Economía y con Jorge Capitanich, jefe de Gabinete. Siguió de cerca y en detalle el aumento de tarifas al transporte –que adelantó PERFIL el domingo pasado– a cargo de Florencio Randazzo, con quien se comunicó varias veces en un sólo día. Y también le pidió por teléfono explicaciones a Julio De Vido. Sobre todo a él, muchas explicaciones.
Esta semana, en una de las charlas que mantuvo la presidenta por teléfono con Jorge Capitanich donde se ensayó sobre la raíz del problema de la falta de suministro en la Ciudad, el Jefe de Gabinete condimentó su habitual discurso –inundado de indicadores económicos y términos complejos–, con algunas críticas sobre la falta de previsión que hubo para evitar la falta de suministro. Aunque cerca de él lo negarán, algunos lo escucharon repetir: “Nosotros hubiéramos resuelto el problema de otra manera”. Lo mismo ocurre en la planta baja de la Casa Rosada, en el despacho de Florencio Randazzo, un histórico crítico de Julio de Vido. No fueron precisamente elogios los que se escucharon en los últimos días. Es que el Ministro del Interior y Transporte sabe que hay pocos fenómenos de la política tan piantavotos como los problemas de gestión. Más aún, los que llevan un década sin resolver.
El Gobierno, además, está frente a un problema casi sin salida. Por más que se anuncien inversiones millonarias, recomponer la matriz energética lleva varios años, incluso más allá de 2015. Eso es lo que estima uno de los directores de las empresas de energía que tiene desde más de un año sobre sus escritorios varios planes para ajustar o “sincerar” las tarifas. Pero claro, el gobierno por ahora, no se lo permite.
Nadie dentro de la Casa Rosada se tomó en serio la amenaza de estatizar las empresas de distribución como Edenor y Edenur, amenaza que por cierto se repite todos los años. El Gobierno no podría absorber el millonario pasivo de las compañías y, además, mudaría la oficina de reclamos de miles de vecinos a la puerta de la Rosada. Transferir el control de las empresas a los gobiernos porteño y bonaerense –y no hacerlo con la Polícía Federal, por ejemplo– sería reconocer que la “década ganada” cerró sin garantizar un servicio tan esencial como la provisión del suministro. Y que Macri y Scioli lo deberían solucionar.
