La renuncia de Héctor Capaccioli a la Superintendencia de Salud esconde otra razón que poco tiene que ver con su pésima relación con la ministra Graciela Ocaña: se fue por su condición de recaudador de la última campaña de Cristina, salpicada de escándalos como el Valijagate, los nexos del oficialismo con el aportante asesinado Sebastián Forza, y las empresas farmacéuticas flojas de papeles que también figuran donando plata a la entonces candidata.
Un empresario de la salud –el sector que más dinero aportó– confesó a la Revista Noticias que puso dinero en negro para Cristina 2007: fueron 10.000 pesos por medio de un cheque. Ni su nombre ni su documento aparecen en el informe final entregado por el Frente para la Victoria a la Cámara Nacional Electoral.
Además, otros casos en la lista de donaciones multiplican el escándalo: empleados rasos de la Superintendencia de Capaccioli que pusieron plata de sus bolsillos según los registros oficiales, y ciudadanos que figuran en la nómina, pero aseguran que no aportaron un centavo. ¿El Gobierno usó sus identidades para blanquear fondos que provenían de otra parte, tal vez del propio Estado?
Entre las droguerías y las empresas farmacéuticas, Urbana fue una de las que más aportó: 310.000 pesos donados nueve días antes de las elecciones de octubre del 2007. Según confiaron fuentes del sector y allegados a la Superintendencia, Droguería Urbana, que maneja Marcos Hendler en los papeles, fue la encargada de recolectar los cheques de todos los aportantes de la salud. Es un misterio por qué una empresa privada cumplió con ese rol.
Mario Intorlandi, Oscar Trotta y Cecilia Kurganoff son tres empleados de la Superintendencia sin cargo jerárquico. Aportaron 10.000, 5.000 y 3.000 pesos respectivamente al oficialismo. ¿O prestaron sus nombres por orden superior? Raimundo Latorre, con oficina en el tercer piso, fue más generoso: acercó 30.000 pesos. Miguel Loizaga y Claudio Omar Antunovich, dueños de medios zonales bonaerenses, y Marcela Lombardi no pusieron un centavo, pero figuran como aportantes de 10.000, 11.000 y 8.000 pesos.
En varios casos, figuran documentos falsos o que no coinciden con el nombre de la persona y números de CUIT inexistentes.
La nota completa en la edición impresa de la Revista Noticias .
