“Los políticos pasan, los jueces quedan”. Lo intentó el ministro de Justicia de Néstor Kirchner Gustavo Beliz. Lo intentó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora lo intenta Mauricio Macri. Hay un poder que los políticos, por diferentes causas, objetivos y motivaciones, necesitan aplacar: los jueces federales. Hasta ahora, nadie lo logró.
La lucha de poder entre los magistrados y el gobierno de Macri llegó a su máximo de tensión esta semana. Ante el intento del poder político de reformar el sistema judicial, el ministro de Justicia, Germán Garavano, provocó un terremoto en el fuero que tiene a su cargo las causas de corrupción, drogas, lavado de dinero, trata de personas y crimen organizado.
El Ministerio de Justicia intenta bajar la tensión pero la mayoría de los doce jueces federales de la Capital Federal ya tuvieron reuniones para discutir una postura común y elaborar un documento con las críticas a la reforma bautizada por Garavano como Justicia 2020. Algunos quieren presentarlo al jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, para lograr el apoyo de la oposición en el Congreso y frenar la reforma. Así lo revelaron a PERFIL fuentes judiciales directamente involucradas en la disputa.
Algunos jueces creen que la reforma ya fue desactivada. Están convencidos de que tienen chances de que Macri acepte frenarla y en última instancia cuentan con el PJ para poner el tapón en el Congreso. En cambio, el Gobierno aseguraron a PERFIL que el proyecto estará en manos del Presidente en las próximas semanas para su aprobación y envío al Congreso.
Desde hace dos semanas, Garavano envía a sus interlocutores a dialogar o con algunos de los jueces. La última semana, debió sumarse a las visitas el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, número dos del ministro. Los funcionarios hacen hincapié en que la reforma apunta a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y que el proyecto original, que calaba más hondo en el poder del fuero, se reformó. Creen que será difícil para los jueces sostener que el proyecto los afecta.
El miércoles, luego de la visita de los funcionarios, varios jueces se reunieron en el despacho del juez Sebastián Ramos. A las 13:30 llegó su colega Marcelo Martínez De Giorgi, uno de los primeros en sumarse al cónclave y apenas unos minutos después se sumó Ariel Lijo, el juez de la causa Ciccone. De Giorgi salió del lugar, 45 minutos después. Se reunió entonces con el juez federal Luis Rodríguez para consensuar una postura. La jueza Maria Servini de Cubría y Claudio Bonadio también son críticos de la reforma.
Los federales de Capital Federal creen contar con el apoyo de jueces de las provincias, donde el Ministro quiere desdoblar crear juzgados exclusivamente penales -hoy tienen multi competencia-.
La espina principal es que el Gobierno quiere que los jueces nacionales de instrucción, que investigan robos, homicidios y otros delitos que no son federales, tengan las mismas competencias que los federales. En Capital Federal, por ejemplo, ya no habrá doce jueces a cargo de las causas de corrupción sino más de 40. Por eso, los magistrados consideran que el Ejecutivo quiere “esmerilarlos” y avanzar sobre sus facultades. Dicen que la reforma es “inconstitucional” porque pondrá jueces comunes a investigar delitos federales.
La intención de Garavano de crear un grupo especial de once jueces de narcocriminalidad es central en el conflicto. Serán ocupados por jueces de instrucción. Para el Gobierno, están más que calificados. Para Comodoro Py, implica darle un poder político al macrismo sobre los gobernadores, ya que estos jueces podrán investigar en todo el país.
En el Ministerio de Justicia dijeron que el temor de los jueces federales es quedarse afuera de las causas de corrupción contra el Gobierno, su principal arma de poder. Dicen que no deben preocuparse: “Como ya no van a tener la sobrecarga de las causas de drogas y trata de personas van a poder avanzar con la deuda que tienen con la sociedad: las causas de corrupción”.
