El plan para que una empresa privada desplazara a la familia Ciccone de la imprenta de billetes ya estaba en la cabeza de Néstor Kirchner desde los primeros años de su presidencia. Así lo relataron a PERFIL fuentes sindicales y empresarios allegados al Gobierno que fueron testigos de las negociaciones por acabar con el dominio de los Ciccone.
A pesar de los sucesivos y desesperados pedidos del sindicalista Raimundo Ongaro y su gremio gráfico, el ex presidente y su gabinete se negaron a estatizar la compañía y buscaron distintas alternativas, primero en manos de otros funcionarios, y luego de Amado Boudou, para que Ciccone Calcográfica fuera adquirida por una empresa privada.
Los candidatos privados incluyeron desde empresas extranjeras hasta Cristóbal López, a quien el propio Boudou le habría propuesto el negocio de ser el capitalista visible de Ciccone Calcográfica. Según relataron a PERFIL allegados al zar del juego, Cristóbal rechazó el negocio. Lo consideró incompatible con sus empresas y entendió que al ser la cara visible de una imprenta de valores quedaría en la mira de organismos de control y seguridad –incluso extranjeros–, y eso no es bueno para un empresario del juego.
Pero el origen de la historia se remonta a los primeros años de la era K. Entre 2005 y 2006, una comitiva del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense pidió dos audiencias con Kirchner. Ongaro, otras dos autoridades del gremio y miembros de la comisión interna de la imprenta de valores fueron recibidos la primera vez por Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. Habían enviado sucesivas cartas, ya desde fines de los ‘90, pidiendo a los distintos gobiernos que estatizaran la compañía.
Ciccone Calcográfica había comenzado su derrumbe financiero desde la muerte de Alfredo Yabrán, con quien la familia tenía un acuerdo económico. Con la crisis de 2001, la situación se agravó. Con Kirchner en el poder, el declive se agudizó. Los sindicalistas explicaron a Parrilli que querían hablar con Kirchner porque los trabajadores de la planta no cobraban a tiempo sus salarios. Las opciones eran dos: que Kirchner autorizara los pagos adeudados por el Estado a la planta e inyectarla de fondos; o estatizarla. Parrilli rechazó ambas de plano. Propuso una tercera: que el gremio propusiera una empresa amiga que se hiciera cargo de la planta y sus deudas, y el Gobierno activaría el plan para desplazar a los Ciccone y entregarle el negocio a la empresa propuesta por el gremio. Parrilli argumentó que la estatización no era una posibilidad. El Gobierno estaba intentando timonear la economía y la planta de billetes no era una prioridad para Kirchner, dijo. Había muchas cosas por resolver antes de que eso, aclaró a los gremialistas. Los gráficos insistieron con la estatización.
Estaban sentados con Parrilli en un despacho vecino a Kirchner. Sabían que el Presidente se encontraba reunido en la puerta de al lado. Cuando les tocó el turno, se levantaron para acercarse al despacho del mandatario pero nunca llegaron. Parrilli excusó a Kirchner y los acompañó a la salida.
Nada cambió para los trabajadores de Ciccone y el gremio siguió enviando cartas a Kirchner. Volvió a insistir con la estatización o con una solución a la crisis de la compañía. La segunda vez que Kirchner les respondió, los derivó con Aníbal Fernández. Entonces, el quilmeño era ministro del Interior y tenía a su cargo la emisión de pasaportes y otros negocios a cargo de Ciccone.
Fernández recibió a la comitiva sindical en su despacho e intentó disuadir los reclamos de estatización. Aseguró que el Gobierno estaba conversando con una empresa francesa para que comprara la planta. Dijo que pronto llegarían fondos y que para Kirchner la estatización no era una opción.
Las cartas se sucedieron también durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien nunca aceptó recibirlos, a pesar de su afecto por Ongaro, un sindicalista emblema de la lealtad peronista. Ciccone siguió endeudándose ante la AFIP y otros acreedores y llegó a deber tres meses de salario. El gremio hacía colectas para mantener a las familias de unos 200 trabajadores y afilió a su obra social a aquellos que quedaban sin cobertura de las prepagas.
En 2009, los Ciccone intentaron llegar a un acuerdo financiero con Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000, y Fintech, socia del Grupo Clarín. Pero fracasó. El Gobierno había aprobado una licitación para renovar las maquinarias de la Casa de la Moneda. Amado Boudou habría sido instruido para conseguir un capitalista que se hiciera cargo. La condición era que consiguiera capitales nacionales. Pero tras la muerte de Kirchner, Boudou anuló la licitación de la Casa de la Moneda y logró que el negocio fuera absorbido por The Old Fund, como sostiene el procesamiento del juez Ariel Lijo. Ciccone fue estatizada tras el escándalo, en 2012.
“El dueño visible”
Para el juez Ariel Lijo, tras hacerse de la compañía, Amado Boudou y su entorno comenzaron a buscar un capitalista que pudiera tener el dinero declarado para justificar ser el dueño de Ciccone. Por eso, para el magistrado, Raúl Moneta ingresa a la ecuación nueve meses después de levantada la quiebra de Ciccone. De acuerdo al procesamiento del vice, The Old Fund levantó la quiebra de la empresa con los fondos que recibió del Estado para imprimir los billetes de 100 pesos y las boletas del Frente para la Victoria (FpV).
Según los testimonios que obtuvo este diario tratando de reconstruir cómo Boudou llega a interesarse en el negocio, hubo dos instancias de búsqueda de capitalistas nacionales: una fue previa a que The Old Fund se hiciera con la compañía; la segunda fue posterior, cuando buscaban un dueño visible. Esta semana, la defensa de Boudou presentará su apelación. A partir de esa instancia será la Sala I de la Cámara Federal quien deba decidir si lo confirma o no.
