Si hay algo en lo que coinciden todos los especialistas en financiamiento político es en que el dinero que mueven las campañas “en negro” en la Argentina es mucho mayor que lo declarado oficialmente. Sin embargo, las elecciones de 2015 revelan un fenómeno aún más llamativo: que ni siquiera cierran las cuentas “en blanco” que los partidos dicen haber gastado.
Casi $ 3 millones que Mauricio Macri recibió de aportes privados para financiar su campaña para las elecciones primarias y las generales provienen de gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, algo que entra en conflicto con la ley que prohíbe este tipo de donaciones.
Al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; veinte miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas ellas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias, como la de Córdoba, aportaron $ 2,7 millones para que Macri llegara a la Casa Rosada.
Dos de las personas consultadas negaron haber hecho el aporte a título personal, y se lo adjudican a la empresa para la cual trabajan.
La Ley de Financiamiento de Partidos es muy categórico: prohíbe que las alianzas reciban “contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad”. Dentro del período electoral, además, el artículo 44 bis extiende dicha prohibición a todo tipo de empresas.
En este sentido, cuando se incluyen los aportes de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas que actualmente no son concesionarias de gobiernos, como la portuaria Marítima Heinlein SA, el holding dedicado a realizar inversiones financieras vinculado con el Grupo Román Puerto Asís Argentina SA, o la petrolera china Sinopec Inc., el monto recibido por la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti alcanza al menos los $ 5 millones. La campaña “negra” o de fondos no declarados tiene montos mucho más grandes y es una historia aparte.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los expertos en la materia, estas maniobras chocan con los límites de la ley, que prohíbe que las personas jurídicas –en especial las concesionarias o contratistas– aporten dinero para las campañas. Si bien las compañías mencionadas no figuran como aportantes, la CNE advirtió en un fallo de 2014 que es probable que este tipo de donaciones de directivos de una misma empresa escondan un aporte empresarial. Hasta el momento, y a pesar de las pruebas aportadas por el Cuerpo de Auditores en diferentes casos, ningún juez o fiscal avanzó en forma significativa en la investigación por este tipo de irregularidades. Las sanciones tomaron casi siempre la forma de multas.
Los responsables económicos de los informes financieros de Cambiemos para las elecciones PASO y las generales fueron consultados. En el primer caso, se trata de dos jubiladas, Stella Maris Sandoval y María Armanda Inza. Inza también figura como segunda responsable económica del informe de las elecciones generales. Se les informó que se quería conocer su versión sobre el material a publicar, pero familiares de ambas dijeron que no iban a hablar por encontrarse “con problemas de salud” o “estar de viaje”.
Marcos Agustín Chiappe, primer responsable económico del PRO en las PASO y empleado del Instituto del Juego de la Ciudad, no atendió los llamados de este sitio.
Quien sí contestó fue la interventora del PRO en la Provincia, María Luisa Inza, familiar de María Inza y funcionaria de Nación. “Son aportes de todo tipo de donantes, personas físicas, donde seguramente habrá empleados públicos, empleados del sector privado, profesionales, gerentes, etcétera, en las condiciones que habilita la ley, y sin superar los límites establecidos por la misma”, sostuvo.
*Del equipo de Chequeado.
