“Hoy no sabemos para qué están y encima las ninguneamos”. Ese concepto sonó fuerte el viernes por la mañana en el despacho presidencial. Mauricio Macri estaba reunido con su mesa chica, en la habitual reunión de coordinación, analizando todas las vicisitudes en torno a la búsqueda del ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes. En un momento de la conversación, el Presidente y sus interlocutores dejaron en claro su intención una vez que concluya la crisis del submarino: reformular las Fuerzas Armadas y darles un nuevo rol.
Sin una hipótesis de conflicto bélico a la vista, hace años que en la política argentina flota la pregunta de qué hacer con las fuerzas militares. Sin presupuesto, con sueldos degradados, equipamiento con tecnología que va de la década del 50 al 70 y lejos de ser una prioridad para los políticos, las Fuerzas Armadas vienen sufriendo un proceso de declive constante. Sentado junto a Marcos Peña, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Gabriela Michetti, entre otros, Macri dejó clara su posición: “Algo hay que hacer”.
¿En qué piensan en el Gobierno? Asignarles nuevos roles a las tres fuerzas militares para que no estén pensando solamente en defender al país de improbables ataques extranjeros.
Un rol, por ejemplo, ya lo vienen realizando: ayudar en las emergencias. Inundaciones, incendios, derrumbes, sequías, para cada situación los militares cuentan con personal y equipamiento que permite llevar auxilio a las regiones afectadas. Otro rol tiene que ver con el apoyo y la contención social, algo que ya generó polémica a lo largo de los 34 años de democracia. Muchos sectores rechazan la imagen, por ejemplo, de los militares prestando apoyo logístico en barrios carenciados. Otra tarea que algunos en el Gobierno se imaginan para las fuerzas está vinculada a proyectos científicos en los que podrían colaborar.
Cada vez que se habla del tema surge el mismo interrogante: ¿pueden participar en cuestiones de seguridad interna? Hoy está prohibido, por la Ley de Seguridad Interior, pero hay sectores del Gobierno que se imaginan un trabajo mancomunado de las fuerzas de defensa (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y las de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria) en cuestiones como narcotráfico u otros delitos complejos.
Reticencias. El punto anterior puede ser uno de los de mayor conflicto a la hora de plantear el debate. Por más que en la actualidad ya hay actividades conjuntas, sobre todo en zona de frontera, avaladas incluso por decretos presidenciales.
Pero para poner en marcha un plan para reformular el rol de las Fuerzas Armadas, Macri y su equipo primero van a tener que sortear reticencias dentro de Cambiemos. En la alianza gobernante no existe una postura uniforme sobre el tema. Las posiciones van desde aquellos más progresistas que dudan sobre la conveniencia de seguir teniendo fuerzas militares (al estilo Costa Rica, que las abolió a mitad del siglo pasado) hasta los que creen que hay que volver a aumentarles el presupuesto y comprarles nuevo equipamiento.
De hecho, dos diputados de Cambiemos presentaron un proyecto hace unos meses para que las fuerzas de defensa no puedan recibir menos presupuesto como porcentaje del PBI que el promedio de la región. Para el año próximo significaría llevarlo al 1,7% del PBI, cuando ahora está en torno al 0,8% (ver página 4).
En la Casa Rosada, sin embargo, no quieren saber nada con aumentar los fondos para las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario. En la lucha para bajar el déficit fiscal, cada gasto es analizado con especial atención, tanto en la Jefatura de Gabinete como en el Ministerio de Hacienda. La lógica que plantean es clara: si están dispuestos a pagar el costo político de bajar el margen de aumento de los jubilados no se van a embarcar en la compra de aviones o barcos militares cuya utilidad está en duda.
El argumento contrario, sin embargo, apela a la situación que vivirá el país el año próximo, con la realización de la cumbre del G20. Para velar por la seguridad de los principales mandatarios del mundo, el país va a necesitar ayuda internacional por las deficiencias del equipamiento propio.
Por otra parte, en el Gobierno también se quejan de la resistencia de las Fuerzas Armadas a los cambios administrativos que les quieren imponer. Reconocen que en los últimos años hubo un retroceso del presupuesto (hace una década llegaba a representar el 1% del PBI) pero apuntan a una mala asignación de los recursos.
Por caso, hacen hincapié en que hay tres escuelas de formación (una por cada fuerza) e incluso resaltan que cada una tenga su propio equipo de aviación.
También en la Jefatura de Gabinete, donde vienen trabajando en eficientizar el Estado y evitar la duplicidad de programas y tareas, no logran entender las diferencias entre la Armada y la Prefectura.
Además, son conscientes de que el problema no es sólo de equipamiento, sino también salarial. No sólo pasa que alrededor del 85% del presupuesto va a gastos en personal, sino que para 2016 el 19% de los más de 100 mil miembros de las fuerzas estaban por debajo de la línea de la pobreza. Ese estudio hizo el Ministerio de Defensa, donde analizaron la situación familiar de los soldados. Aseguran que este año, por los aumentos concedidos, esa cifra ya bajó.
En el universo político las posturas sobre el rol de los militares son variadas y cualquier cambio deberá ser debatido en el Congreso. Macri, después del hundimiento del submarino, quedó convencido, y el rol de las Fuerzas Armadas será incorporado a su lógica de reformismo permanente.
